CSIF INFORMA: El CGPJ ha publicado el “Protocolo de actuación para la reactivación de la actividad judicial y salud profesional” y la “Guía
de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y
adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios
en sedes judiciales”, que forma parte del mismo.
Ambos
textos, han sido elaborados con la colaboración del Servicio de
Prevención de Riesgos del órgano de gobierno de los jueces.
Comunicación a las Salas de Gobierno de los órganos jurisdiccionales
La
Comisión Permanente también ha acordado, de conformidad con lo
establecido en el apartado 26 de la Guía de buenas prácticas, instar a
que por parte de las Salas de Gobierno de los distintos órganos
jurisdiccionales (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales
Superiores de Justicia) se proceda a elaborar y aprobar los respectivos
Planes de reactivación de la actividad judicial, que habrán de ser
remitidos con carácter inmediato al Consejo General del Poder Judicial
para su control de legalidad.
En
todo caso, las medidas acordadas en orden a la reactivación de la
actividad judicial no comportan el levantamiento de la suspensión de los
plazos procesales acordada en la disposición adicional segunda del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
Seguimiento de las medidas
La
Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial llevará a
cabo un seguimiento de los acuerdos y protocolos que se adopten por los
órganos de gobierno del poder judicial en el proceso de reactivación de
las actuaciones judiciales, pudiendo realizar las propuestas que estime
pertinentes en marco de sus competencias. Además, los representantes de
prevención territoriales serán informados de los acuerdos adoptados.
También
la Comisión Mixta constituida entre el Consejo General del Poder
Judicial y el Ministerio de Justicia podrá abordar las incidencias
derivadas de las medidas organizativas adoptadas o que puedan ser
susceptibles de adopción durante el proceso de reactivación de las
actuaciones judiciales, en el marco de las respectivas competencias de
ambas instituciones, a fin de llevar a cabo las actividades coordinación
en materia de seguridad y salud profesional.
En
el ámbito de sus respectivas competencias, podrán realizar esa
actividad de coordinación las Comisiones mixtas de los Tribunales
Superiores de Justicia con las Comunidades Autónomas con competencias
transferidas en materia de Justicia.
Ficheros Adjuntos:
