- CSIF denuncia el incumplimiento del Ministerio de trasladar el documento final a las organizaciones sindicales
- Preocupación por los contagios en Justicia y los posibles rebrotes: urgen más medidas de protección y test masivos
        07 de Julio de 2020  
 
          
La
 Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más 
representativo en las administraciones públicas y con presencia 
creciente en el sector privado, ha advertido de que el Plan de Choque 
aprobado hoy para reactivar los juzgados será papel mojado sin 
inversiones reales y concretas para reforzar plantillas y medios 
tecnológicos.
Desde CSIF,
 denunciamos que el texto que se ha aprobado en Consejo de Ministros no 
se ha trasladado a las organizaciones sindicales. El Ministerio de 
Justicia todavía no ha dado respuesta a las propuestas presentadas por CSIF
 y desconocemos qué parte de las mismas, si es que hay alguna, están en 
el documento final. Para CSIF esta forma de actuar no es la más idónea 
si lo que se pretende es llegar a acuerdos por la mejora de la 
Administración de Justicia y se compromete el éxito de las reformas que 
se quieran emprender. 
Por
 ello, pedimos al Ministerio que aclare de dónde saldrá la dotación de 
50 millones de euros que ha anunciado para este Plan -y de la que no ha 
informado en ningún momento a los sindicatos-, que precise plazos y 
partidas concretas a las que destinarán esos fondos y si prevé un 
refuerzo de personal para afrontar esta crisis.
Hemos
 reclamado a Justicia que aborde primero el problema del atasco de 
asuntos pendientes por el Covid-19 y que prepare el terreno ante la 
previsible avalancha de asuntos judiciales. Sin embargo, en la mínima 
documentación que se nos ha trasladado sobre este Plan la semana pasada 
ni se dan respuestas concretas a esta realidad ni se aportan datos 
reales sobre los expedientes derivados del coronavirus, como le 
exigimos.
Desde CSIF reiteramos
 que sin información detallada y concreta sobre las cargas de trabajo de
 los órganos judiciales, es imposible valorar ni los objetivos 
planteados en el plan de actuación, ni la efectividad de los plazos 
previstos para regularizar la situación en la Administración de 
Justicia.
Para CSIF,
 tan importante como preparar medidas para el incremento de trabajo que 
puede venir derivado del estado de alarma, es abordar, en primer lugar, 
el estado actual de los órganos judiciales y dimensionar el volumen de 
actuaciones suspendidas durante esta crisis sanitaria y poner plazos 
para regularizar la situación.
Desde hace dos meses, CSIF ha propuesto planes de actuación para reforzar, entre otros:
- - Los servicios de atención al ciudadano y profesionales evitando largas esperas y con sistemas eficaces de cita previa o de atención telefónica que no interrumpan la tramitación de los procedimientos más allá de lo necesario.
- - Los servicios de atención a salas de vistas, ya que una de las actuaciones afectadas por la suspensión han sido los juicios y vistas. Es necesario reprogramar estas vistas y medidas de refuerzo.
- - Los servicios de actos de comunicación, reconocimientos forenses etc.
Respecto
 al refuerzo propuesto en los Juzgados de lo mercantil, sociales y 
contenciosos administrativos, para CSIF es muy importante vigilar y 
monitorizar la entrada de asuntos en toda la Administración de Justicia 
para detectar incrementos de carga de trabajo no previstos inicialmente,
 por ejemplo, en el orden civil por concursos de personas físicas e 
impagos.
Además,
 llevamos mucho tiempo solicitando la negociación del teletrabajo. La 
crisis del COVID-19 ha demostrado la urgente necesidad de activarlo, ya 
que, aunque ha sido recogido en el plan de desescalada del Ministerio, 
su puesta en marcha es muy complicada sin inversión en medios 
tecnológicos.
Afrontamos
 con preocupación los últimos casos conocidos de COVID-19 -en la 
Consellería valenciana de Justicia y en la Fiscalía General del Estado- y
 urgen test de detección masivos para evitar más contagios. Falta hacer 
acopio de material de protección, que se refuerce la prevención y se 
impulsen canales de comunicación con las organizaciones sindicales, 
además de informar a los trabajadores/as sobre el protocolo de actuación
 ante nuevos casos.
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