A la vista del contenido de la resolución publicada ayer sobre
dotaciones de personal en Justicia y que entrará en vigor mañana, así como de los acuerdos de la Comisión permanente del CGPJ de 11 y 13 de abril, para
CSIF, estamos ante un
escenario de “desescalamiento” encubierto
en la Administración de Justicia y, en consecuencia, contrario al
escenario de confinamiento y contención del virus establecido en el RD
487/2020.
Por este motivo, CSIF ha presentado un recurso de reposición al Ministro de Justicia para pedir la anulación de esta resolución y el mantenimiento de las dotaciones de personal establecidas en la resolución del 30 de marzo mientras no pueda cumplir con la normativa vigente de Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales (en adelante LPRL), obliga al empresario (incluidas
las Administraciones Públicas tanto locales como autonómicas o
nacionales) a proteger a sus trabajadores frente a todos los riesgos
laborales garantizando su salud y seguridad, en todos y cada uno de los
aspectos relacionados con su trabajo, mediante la adopción de cuantas
medidas sean necesarias.
Asimismo, conforme a esta ley, el
Ministerio está obligado a garantizar a los trabajadores a su servicio
la vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos inherentes
al trabajo, cuando estos inician su trabajo, después de la
asignación de tareas con nuevos riesgos y también tras una ausencia
prolongada por motivos de salud, según dispone el artículo 22 de la
LPRL.
Sin embargo, mediante esta resolución se pretende que los trabajadores se reincorporen a sus puestos de trabajo en las diferentes oficinas judiciales de todo el territorio nacional sin que se les hagan los test correspondientes
para detectar una posible infección por COVID 19 que pueden conllevar
más contagios y peligro para la salud y la vida de las personas, tanto
trabajadoras como público en general teniendo en cuenta que un
porcentaje alto de infectados no presenta síntomas de la enfermedad.
Además, el Ministerio de Justicia debe asegurar un suministro estable de dichos equipos de protección y en cantidad suficiente, y asegurarse que la provisión de los mismos es, realmente, efectiva,
es decir que llegan a todos y cada uno de los funcionarios/as que se
incorporan a su puesto de trabajo, teniendo en cuenta el tiempo limitado
de uso de algunos de ellos como las mascarillas que son de cuatro
horas.
Por todo ello, CSIF solicita que, mientras
no se pueda garantizar la salud de los trabajadores de Justicia, se
mantengan las dotaciones de personal conforme a la resolución de 30 de
marzo.
Asimismo, CSIF solicita al Ministro de Justicia transparencia en relación con los planes de choque, agilización o actuación
que está negociando con el CGPJ y los Consejos Generales de Abogados y
Procuradores. En este sentido, el Ministerio debe hacer públicos sus
planes cuanto antes y empezar a negociar el diseño, implantación y
seguimiento de los mismos con las organizaciones sindicales.
Ficheros Adjuntos:
