CSIF
cree inexcusable abordar, entre otras cuestiones, la discriminación
salarial en el complemento específico en el ámbito del Ministerio de
Justicia, así como la adecuación salarial a las funciones y
responsabilidades que, realmente, se realizan.
04 de Febrero de 2020
En relación con este tema, CSIF ya
propuso al Ministerio aprovechar el 0,75% de la masa salarial
correspondiente a los fondos adicionales de 2018, 2019 y 2020 para este
fin y que ya están presupuestados.
No obstante, además, es necesario que el Gobierno haga un esfuerzo significativo aportando más dinero
para este incremento salarial que, podría pactarse en un acuerdo
multianual como el que presentamos el pasado mes de abril de 2019.
Y, para eso, el Ministerio de Justicia debe hacer valer su posición en la redacción de los presupuestos
cuyo periodo de elaboración se estrenó el pasado martes 21 de enero de
2020 con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden
HAC/20/2020 de 20 de enero, por la que se dictan las normas para la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2020.
En la misma, se priorizan determinados criterios de asignación de los
recursos entre los que se encuentran, “…el diálogo social, la
creación de empleo digno, estable y de calidad en una economía
competitiva y sostenible, mediante la corrección de las deficiencias
estructurales existentes, a la vez que desarrolla una política social
activa que reduzca la desigualdad, combata la precariedad del mercado
laboral, impulse la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, el
fomento de la igualdad y la mejora de las condiciones en el mercado de
trabajo…”
La citada norma, establece que “los Ministerios deberán remitir a
la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, antes del 27 de
febrero de 2020, las propuestas de normas de contenido presupuestario
cuya inclusión en el articulado del anteproyecto de la Ley de
Presupuestos consideren procedente, acompañadas de una memoria
explicativa de la conexión del articulado propuestos con las
habilitaciones de gastos”.
Dentro del marco de negociación que desde CSIF consideramos
prioritario, es fundamental abordar determinados aspectos de las
condiciones laborales de los Empleados Públicos de la Justicia,
que alguna de ellas ya se recoge en el acuerdo de Gobierno de
coalición, tales como el establecimiento de la carrera profesional.
Por ello, CSIF solicita que, de cara a la preparación de los
próximos Presupuestos Generales del Estado se proponga la habilitación
de gasto para, entre otras cosas, abordar en el marco de la negociación
colectiva:
- Homologación del complemento específico del ámbito
Ministerio con los de las CCAA con competencias y adecuación salarial de
todos los Cuerpos de Justicia.
- Dotación presupuestaria para abonar la Carrera profesional.
- Revisión del complemento de guardia y de violencia sobre la mujer con incremento de las retribuciones.
- Incremento del complemento general del puesto con supresión
de los grupos de población en todos los ámbitos para todos los Cuerpos.
Ficheros Adjuntos:
El Tribunal Calificador Único de las pruebas selectivas para el acceso por el turno libre al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, ha establecido la nota mínima para superar el primer ejercicio en todos los ámbitos territoriales en 36 puntos para el sistema general y en 30 para el acceso por el turno de discapacitados.
Una vez que la nueva legislatura se ha puesto en marcha y, por lo
tanto, tenemos interlocutores tanto en el Congreso como en el Ministerio
de Justicia, CSIF se ha dirigido a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, 17 en total, y al Ministerio de Justicia (Ministro
y Director General de Registros y del Notariado) para conocer su
posición sobre el futuro del Registro civil y, en particular, sobre la
proposición de ley presentada en el Congreso por el grupo parlamentario
popular. Como ya os hemos informado el pasado lunes, esta proposición de ley contiene dos de las principales reivindicaciones de los funcionarios de Justicia en materia de Registro civil:
