El
“tasazo” de Gallardón supone el “tiro de gracia” al derecho
a la tutela judicial efectiva para una gran mayoría de ciudadanos
además de suponer
una “vuelta de tuerca” más en la desigualdad de los ciudadanos
ante la ley.
Los
problemas de la Justicia no se arreglan impidiendo el ejercicio de
derechos a los ciudadanos
sino
dotando
a la Administración que la sirve de los medios
materiales y personales que
precisa y acometiendo, sin imposiciones, de forma coordinada con
quienes mejor conocemos el día a día del trabajo en los juzgados y
tribunales, el
proceso modernizador de la Administración de Justicia que tanto
necesita.
