El Decano del Colegio comunica la decisión a todos los registradores de España
El Ministerio de Justicia ya ha adoptado la
decisión política de trasladar las competencias del Registro Civil a los
colegios de registradores, lo que supone la privatización de un servicio
público, financiado por los ciudadanos, que lleva funcionando de manera eficaz
desde 1.870. Esta decisión deja en el aire la situación laboral de más de 3.500
funcionarios de toda España.
Esta decisión va en detrimento de un servicio público y supondrá a todos los ciudadanos un coste, aun sin cuantificar, en trámites como inscripciones, certificaciones (matrimonio, nacimiento, defunciones, fe de vida, etc) que hasta ahora eran gratuitas.
Esta decisión va en detrimento de un servicio público y supondrá a todos los ciudadanos un coste, aun sin cuantificar, en trámites como inscripciones, certificaciones (matrimonio, nacimiento, defunciones, fe de vida, etc) que hasta ahora eran gratuitas.
Según ha podido saber la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el
sector de la Justicia, esta medida fue trasladada por el subsecretario de
Justicia al Presidente del Colegio de Registradores este mismo martes en una
reunión celebrada en el Ministerio en la que estuvo también presente el director
general de Registros y Notariado.
Esta decisión ha sido adoptada a espaldas de los representantes de los trabajadores. A lo largo de las últimas horas, CSI-F ha tratado de contrastar esta información con el ministerio, obteniendo únicamente la callada por respuesta. Pero la situación ya no se sostiene y los hechos lo demuestran.
CSI-F ha tenido acceso a una carta que ayer mismo envió el decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera Anegón a todos los registradores de España en la que les comunica esta decisión tan trascendente que, previsiblemente, se hará efectiva en un próximo Consejo de Ministros.
Según la misiva, “la decisión del Gobierno ha sido la de asignar el Registro Civil a los registradores. Esta asignación se hace con plena capacidad auto organizativa del Colegio de Registradores en los aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica del Registro Civil”.
CSI-F está valorando las medidas de presión que llevará a cabo para intentar frenar una medida injusta que todavía no ha llegado al Consejo de Ministros. Esperemos que el Gobierno reconsidere y reconduzca una nueva decisión del titular de Justicia adoptada sin consenso.
CSI-F ha remitido en varias ocasiones una propuesta alternativa al titular de Justicia que supone la desjudicialización del Registro Civil, tal y como marca la Ley, eso sí, manteniendo el carácter de servicio público del Registro y su gestión por parte de los funcionarios públicos, que a lo largo de todos estos años han demostrado su eficacia, compromiso y profesionalidad, con una absoluta carencia de medios humanos y materiales.
Esta decisión ha sido adoptada a espaldas de los representantes de los trabajadores. A lo largo de las últimas horas, CSI-F ha tratado de contrastar esta información con el ministerio, obteniendo únicamente la callada por respuesta. Pero la situación ya no se sostiene y los hechos lo demuestran.
CSI-F ha tenido acceso a una carta que ayer mismo envió el decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera Anegón a todos los registradores de España en la que les comunica esta decisión tan trascendente que, previsiblemente, se hará efectiva en un próximo Consejo de Ministros.
Según la misiva, “la decisión del Gobierno ha sido la de asignar el Registro Civil a los registradores. Esta asignación se hace con plena capacidad auto organizativa del Colegio de Registradores en los aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica del Registro Civil”.
CSI-F está valorando las medidas de presión que llevará a cabo para intentar frenar una medida injusta que todavía no ha llegado al Consejo de Ministros. Esperemos que el Gobierno reconsidere y reconduzca una nueva decisión del titular de Justicia adoptada sin consenso.
CSI-F ha remitido en varias ocasiones una propuesta alternativa al titular de Justicia que supone la desjudicialización del Registro Civil, tal y como marca la Ley, eso sí, manteniendo el carácter de servicio público del Registro y su gestión por parte de los funcionarios públicos, que a lo largo de todos estos años han demostrado su eficacia, compromiso y profesionalidad, con una absoluta carencia de medios humanos y materiales.
