El preacuerdo sobre LOPJ firmado por CSIF, UGT y STAJ garantiza el 70% de los puestos de trabajo amenazados por la privatización del Registro Civil al mantener los Juzgados y agrupaciones de Paz.
El Ministerio de Justicia llevó una propuesta de Disposición Transitoria 8ª de dos párrafos en los en ninguno de los que aparecía dicha garantía sino más bien lo contrario (podeis consultar la disposición transitoria en nuestra web). Insisten en que sólo pueden garantizar los efectivos de su territorio pero no lo plasman por escrito. A este respecto, de persistir en su negativa a debatir propuestas alternativas, CSIF le dejó claro al Ministerio que:
- Deben garantizarse el 100% de las plantillas tras el cierre de los Registros civiles en todos los ámbitos territoriales de forma que la suma de todos los puestos de trabajo antes y después no tenga diferencia alguna. Hay formas para hacerlo desde el acuerdo e incluso aplicando la ley.
- Debe garantizarse la voluntariedad en los procesos de reordenación sin que puedan darse casos de movilidad forzosa fuera del municipio.
- Durante el proceso transitorio deberán dotarse todas las plazas que queden vacantes. Es decir, no se podrá amortizar para luego crear plazas.
- Aquéllos funcionarios que puedan quedar en excedencia porque hayan aceptado una oferta para trabajar en los nuevos Registros civiles deben tener una reserva de puesto de trabajo computándole el tiempo a efectos de antigüedad.
- En aquéllos lugares donde haya oficinas judiciales de paz éstas tendrán funciones de Registro civil con carácter exclusivo.
