La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera que el nuevo Gobierno debe realizar una apuesta decidida para detener el deterioro progresivo que han sufrido los servicios públicos desde el inicio de la pandemia en todos los ámbitos.
En este sentido, CSIF espera sentarse desde ya a negociar los futuros Presupuestos Generales del Estado, que deberían incluir un pacto de empleo para las administraciones públicas (sanidad, educación, justicia, Administración del Estado, Seguridad Social, SEPE, Agencia Tributaria, Prisiones…), así como para mejorar las condiciones laborales de las plantillas. Estas mejoras contemplarían la jornada de 35 horas semanales, el teletrabajo y un nuevo acuerdo salarial, con la equiparación entre administraciones. También esperamos un incremento de la financiación del mutualismo administrativo.
Desde CSIF, felicitamos a María Jesús Montero por su nombramiento como vicepresidenta y esperamos que este ascenso en el rango de su cartera ministerial permita dar prioridad a las políticas en materia de las administraciones públicas y afrontar retos tan importantes como mejorar la calidad en el empleo y en las condiciones de jubilación, acelerar los procesos de estabilización, la adecuación de los grupos profesionales y aprobar una nueva Ley de Función Pública que favorezca la promoción interna y desarrolle la carrera profesional o la evaluación del desempeño.
En materia salarial, nuestro sindicato considera que hay que compensar el esfuerzo de las/os trabajadores de nuestras administraciones públicas que, pese a su labor fundamental durante y después de la pandemia, han seguido perdiendo poder adquisitivo (sólo en los dos últimos años han perdido un 5,5 por ciento de poder de compra y un 20 por ciento desde 2010, cuando se produjo la primera bajada salarial). Hay que negociar por tanto un nuevo acuerdo salarial porque ha quedado desfasado.
Por otra parte, desde CSIF manifestamos nuestra preocupación porque el plan presupuestario enviado a Bruselas contempla una congelación del gasto en ámbitos fundamentales como la sanidad o la educación, así como por el ajuste fiscal que nos han trasladado desde la Comisión.
