CSIF ha vuelto a reclamar que la subida afecte a todo el personal de Justicia de todos los ámbitos.
Asimismo, hemos dejado claro que el documento elaborado por los grupos de trabajo, con presencia de todos los sindicatos, sólo tendrá validez si va a acompañado de una subida salarial. En este sentido, CSIF ha recordado al Ministerio que, según el mismo propuso en su día, este documento era el armazón para negociar la parte económica y, como tal, su validez está íntimamente ligada a esa negociación.
Tras los meses de conflicto, CSIF le ha recordado al Ministerio su compromiso público con el personal de Justicia y su obligación de implicarse en buscar una solución que asegure “dinero para todos” tal y como venimos defendiendo desde CSIF.
CSIF le ha reclamado la necesidad de abordar la negociación de las materias contenidas en el anexo consensuado por CSIF y el resto de sindicatos.
Tras comprobar el rechazo sindical, el Ministerio ha propuesto lo siguiente:
1º Mantener abierta la mesa de negociación y empezar a trabajar, entre otras cosas, sobre las cuestiones contenidas en el anexo propuesto por los sindicatos.
2º Convocar la mesa delegada para iniciar la negociación del complemento específico en su ámbito. En este sentido, ha manifestado que está dispuesto a presentar una propuesta sin que haya especificado cantidad alguna.
3º Trasladar el documento del grupo de trabajo a la Conferencia sectorial del próximo 1 de marzo como propuesta a las comunidades autónomas con competencias para una subida salarial en sus ámbitos territoriales.
4º Encabezar las negociaciones con las comunidades autónomas para lograr que se cumpla el objetivo de subida salarial en todos los ámbitos.
5º Suspender la reunión de la mesa de negociación hasta el próximo 28 de febrero con el compromiso de que, tanto el Ministerio como los sindicatos aportemos propuestas que permitan apoyar esa negociación del Ministerio con las CCAA. Esta suspensión ha sido aceptada por todos los sindicatos.
Tras las subidas a Letrados, Jueces y Fiscales, el Ministerio y las CCAA no pueden dar la espalda al personal de Justicia que se ven afectados, por igual, por la implantación de los modelos de Justicia que van de la mano de las leyes de eficiencia. En este sentido, el documento del grupo de trabajo, se refiere, precisamente, a ese impacto conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 9ª del RDLey 6/2023
