La Central Sindical Independiente y
de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las
administraciones públicas, ha convocado una concentración en Madrid este
jueves, 27 de junio, frente al Ministerio de Hacienda, para reclamar al
Gobierno un nuevo acuerdo salarial, mejores condiciones laborales, más
empleo público y el fin de la tasa de reposición.
La convocatoria de esta protesta ha
provocado que el Gobierno se apresure a aplicar la subida salarial
pendiente de 2024, que llega con seis meses de retraso y es insuficiente
dado que los empleados públicos arrastramos una pérdida de poder
adquisitivo del 7 por ciento desde la firma del acuerdo salarial con UGT
y CC.OO. en 2022 y un 20 por ciento acumulado desde los recortes de
2010.
El Gobierno y ambas organizaciones de
clase se han apresurado a anunciar esta subida tardía (no solo fue un
mal acuerdo, sino que además lo estaban incumpliendo), tras las
presiones de CSIF. Nuestro sindicato ya avisó que el Ejecutivo podía
aplicar la subida por la vía del decreto como ya hizo Pedro Sánchez nada
más llegar al Gobierno en su primera legislatura, igualmente tras las
presiones de CSIF. Nos alegramos de que hayan entrado en razón, porque
es de justicia.
De cualquier manera, CSIF mantiene sus movilizaciones para:
- Un nuevo acuerdo salarial que permita al conjunto de empleados
públicos recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la
última década, así como recuperar la estructura salarial previa a los
recortes fijados en el Real Decreto-ley 8/2010 y la equiparación
salarial entre las distintas administraciones públicas.
- Acabar con la alta temporalidad en
las AAPP. Para ello es necesario eliminar de inmediato la tasa de
reposición, que ha sido la principal causa de que las distintas
administraciones hayan abusado de la contratación temporal.
- Implantación de la jornada de 35
horas, compromiso recogido en los acuerdos de 2018 y que aún está
pendiente de implantar en distintas administraciones. Esta jornada la
reclamamos igualmente para el sector privado.
- La modificación del TREBEP
(Estatuto Básico del Empleado Público) para establecer en la normativa
básica aspectos fundamentales para todos los empleados y empleadas
públicas, entre otras, como la homogeneización de la promoción interna,
la indemnización por residencia, la aportación a planes de pensiones, la
regulación de la jubilación parcial, la consideración de las lenguas
cooficiales exclusivamente como mérito y la excepcionalidad de la
condena en costas procesales en la defensa de sus derechos laborales.
- Desarrollo de la ley de Función
Pública para posibilitar la evaluación del desempeño, la carrera
profesional para el conjunto de empleados públicos y el refuerzo de las
plantillas mediante la eliminación de la tasa de reposición, tal y como
manifestó recientemente el ministro de Función Pública.
- Planes de recursos humanos:
adecuación de las plantillas a las necesidades reales de prestación del
servicio, agilizar los procesos selectivos y eliminar la tasa de
reposición para reforzar y reducir la media de edad. En los últimos 10
años la Administración Pública Estatal ha perdido alrededor de 40.000
efectivos y más de la mitad de la plantilla se jubilará en los próximos
5-10 años.
- Adecuación de los grupos
profesionales del artículo 76 del TREBEP (actualizar funciones y
retribuciones en todos los ámbitos).
- Mejoras en las condiciones de
jubilación, tanto del Régimen General como de Clases Pasivas y
negociación de la jubilación anticipada para determinados colectivos por
la penosidad en el ejercicio de su profesión.
- La equiparación de las cotizaciones
en el Régimen de Clases Pasivas a las del Régimen General para los
permisos de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años o
persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.
- Regulación del Teletrabajo en todas
las administraciones públicas, cumpliendo el compromiso adquirido en la
Administración del Estado.
- Un incremento de la financiación de
MUFACE, así como del resto del mutualismo administrativo para evitar
que se reduzca la calidad asistencial en la sanidad que reciben nuestros
funcionarios.
CSIF seguirá trabajando para que nuestros empleados públicos de todos
los ámbitos (la sanidad, la educación, la justicia, la seguridad del
Estado, en las oficinas de la administración, el SEPE, Correos, etc.)
tengan las condiciones que merecen para ejercer su labor. Si el Gobierno
sigue sin reaccionar y sin iniciar las reformas pendientes en las
Administraciones Públicas, CSIF le pronostica un otoño caliente.
