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miércoles, 25 de junio de 2014

PRIMERAS REACCIONES EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL ANUNCIADA POR GALLARDÓN.








El Colegio de Registradores de la propiedad y mercantiles en un comunicado de prensa ha rechazado la medida que califican de imposición advirtiendo de una fractura en el colectivo y de defectos de legalidad y anunciando medidas. Una decisión que se toma en contra de la opinión de los Registradores manifestada en Zaragoza en 2010 y que no cuenta con el consenso político y social suficiente, lamenta su presidente.

El PSOE por boca de su portavoz de Justicia ha rechazado en el fondo y en la forma la idea de Gallardón y ha anunciado que la revertirá en cuanto pueda.

Algunas asociaciones de Secretarios ya se han manifestado en contra de esta medida y se han quejado de la falta absoluta de diálogo del Ministro de Justicia.

Desde CSIF creemos que es necesaria una respuesta conjunta y contundente desde la Administración de Justicia para detener este sinsentido que deja a los pies de los caballos la dignidad y la profesionalidad de los funcionarios de Justicia. En este sentido, esperamos manifestaciones en contra del resto de asociaciones de Secretarios y de Jueces. En nuestra web (http://www.csi-f.es/es/sector/administracion-justicia/ambito/nacional) tienes enlaces a todas las reacciones.

LO QUE NO SE CUENTA DE ESTA DECISIÓN

La UE ha puesto en el punto de mira a los Registradores que pueden verse afectados por la transposición de la directiva de servicios sobre la que la comisión ya ha advertido a España que no puede demorar. Es la misma directiva que amenaza a los Procuradores y todos sabemos el regalo que se les hace en el anteproyecto de LOPJ con los actos de comunicación y ejecución y el carácter de agentes de la autoridad.

El problema no es buscar una solución a estos profesionales sino que esta solución supone el menoscabo de funciones públicas atribuidas a otros profesionales a los que se deja a los pies de los caballos y que, además, va en contra de los derechos de los ciudadanos.

Se dice que los Registradores mercantiles van a asumir el coste del servicio con cargo a su cuenta de resultados. ¿En qué cabeza cabe que los Registradores asuman el coste millonario de un servicio que les puede llevar a la ruina sin que tengan la garantía del Estado de que eso no va a ocurrir? Y llegará esa ayuda en forma de aranceles, subvenciones, convenios etc.

Con los medios actuales el Registro civil electrónico podría ser una realidad. Se podría ahorrar ya millones de euros y miles de horas de trabajo que se podrían usar para reforzar otros servicios del Registro civil. Sin olvidar que ese cambio legal supondría ventajas al ciudadano incluida la reducción de visitas al Registro civil que tanto pregona Gallardón para justificar su medida. Sólo falta la voluntad política del Gobierno y del Ministerio para hacer los cambios legales e impulsar un pacto por el Registro civil para culminar su modernización en un plazo razonable de tiempo.

El problema es que no se hacen estos cambios porque de hacerlos la privatización carecería de justificación, los ciudadanos se darían cuenta de que los problemas del Registro civil tienen su origen en la desidia y la falta de compromiso de los políticos con el Ministro a la cabeza y, lo que al final importa, no se podría “echar una mano” a los Registradores, en este caso mercantiles que cuentan con su propio lobby dentro del Ministerio de Justicia.