- CSIF exige medidas organizativas pactadas
- El Ministerio no facilita documentos de trabajo: reclamamos que no lance globos sonda y presente propuestas para negociar
- El Ministerio no facilita documentos de trabajo: reclamamos que no lance globos sonda y presente propuestas para negociar
El
ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, avanzará hoy a los sindicatos
las líneas generales del Plan que prepara para afrontar la desescalada y
evitar el colapso en los juzgados. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF),
sindicato más representativo en las administraciones públicas y
mayoritario en la Justicia, exigirá a Campo que aclare las actuaciones
previstas ante el colapso que se avecina y garantice la salud de los
empleados/as públicos.
Reclamamos a Campo que nos aclare las medidas
previstas para afrontar la carga extraordinaria de trabajo que esperamos
tras la crisis sanitaria. La ciudadanía y las plantillas no deben pagar
la falta de previsión del Ministerio ante el volumen de expedientes que
están por llegar y exigimos medidas acordes a la nueva realidad.
Para CSIF, no es el momento de grandes reformas
procesales como plantea el CGPJ. No se puede pretender recuperar en
quince días, el tiempo perdido en 20 años y no tiene sentido, además,
aprovechar esta tragedia para colar determinadas reformas de calado sin
el análisis y el debate necesarios.
Reclamamos que a corto plazo se apliquen medidas
organizativas que afectan a la jornada laboral o al incremento de
plantillas o establecimiento de sistemas de cita previa, entre otras,
teniendo en cuenta las restricciones sanitarias, aprovechando en todo lo
que se pueda la precaria tecnología de la Administración de Justicia y,
en todo caso, negociando su implantación con las organizaciones
sindicales.
A medio plazo, hay que avanzar en cuestiones
concretas puestas aún más en evidencia en esta crisis: acabar con el
caos tecnológico e implantar el expediente judicial electrónico de forma
programada y desde el acuerdo. La solución de los problemas de la
Justicia no está en externalizar o privatizar parte de sus servicios,
sino en aprovechar su capital humano y su potencial. Este debe ser el
centro de la negociación colectiva en el futuro próximo.
Lamentamos, además, que los funcionarios/as de
Justicia seamos los últimos en conocer los planes del Ministerio que,
por otra parte, ya han sido anunciados en prensa tras las múltiples
reuniones mantenidas por el ministro con instituciones y colectivos de
todo tipo.
SIN MEDIOS DE PROTECCIÓN NI TEST
Desde el pasado 15 de abril, unos 12.000
funcionarios han vuelto al trabajo, una medida que hemos recurrido por
los riesgos que supone. Justicia ha impuesto un escenario de vuelta a la
actividad al margen del criterio general del Ministerio de Sanidad y
sin evaluar los riesgos laborales.
Denunciamos que los funcionarios/as que están
haciendo posible que la Justicia preste servicios esenciales y no
esenciales a los ciudadanos siguen sin disponer de medios de protección
adecuados y suficientes para preservar su salud y evitar contagios.
Por todo ello, exigimos que, como servicio
esencial, el personal de Justicia sea sometido a pruebas fiables de
detección del COVID-19. Hoy mismo, hemos propuesto al ministro por
escrito que sea la MUGEJU la que coordine este plan y que se faciliten
mascarillas y elementos de protección a todos los efectivos que prestan
sus servicios de forma presencial.