Los más de 300 opositores de Gestión y Tramitación Procesal dentro del ámbito del Ministerio de Justicia
que han superado lo que califican el proceso selectivo “más exigente en
la historia de estas oposiciones, con notas de corte de más de 85
puntos” no salen de su asombro, disgusto y confusión al saber que el 70%
de los puestos ofertados obligará a tener como primer destino juzgados
de las Islas Baleares.
Si se aplican los mismos criterios, más de un centenar del cuerpo de Auxilio Judicial se encontrarían en la misma situación.
Las
razones, diversas y parece que endémicas, según ha explicado una de las
opositoras afectadas a Confielgal, y que tienen que ver con los
retrasos en las diferentes convocatorias y la altísima temporalidad que
existe en Baleares y que “el Ministerio quiere solucionar a nuestra
costa”.
La consecuencia, inmediata. Con un salario medio de 1.200 euros y un complemento de destino medio de 80 euros
no pueden hacer frente a los costes que supone vivir en un lugar tan
turístico como Baleares donde la poca disponibilidad de alquileres y su
elevado precio hacen que tenerse que ubicar en un plazo de 20 días desde
que se publique la resolución de destino definitivo sea todo un
problema.
Tanto,
que “si el proceso va como parece”, alguno de los opositores, como es
el caso de una madre con una hija, “se estarían planteando renunciar”,
señala nuestra interlocutora.
Este
colectivo se ha organizado rápidamente gracias a las redes sociales y,
entre otras medidas de presión, han presentado un escrito al Ministerio
de Justicia para que se les oferten todas las plazas sobrantes del
concurso de traslado de 2017 y que han sido incluidas en el concurso de
traslado de 2018, y que tengan la oportunidad de elegir dónde quieren
trabajar.
Sin
embargo, fuentes del Ministerio de Justicia señalan a Confilegal que”
es una oposición diseñada y cerrada por el anterior equipo”, en
referencia al dirigido por el exministro Rafael Catalá, y “en este
momento ya no tenemos margen legal de maniobra”.
