CSIF INFORMA: publicada
en el BOE la Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la
Fase 3 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante
el COVID-19.
- La fase 3 comenzará el próximo martes 9 de junio
- Se reincorpora el 100% de la plantilla a las oficinas judiciales
en turno de mañana o de tarde siempre y cuando no se pueda asegurar la
distancia de 2 metros en la jornada ordinaria. En el cómputo de ese 100%
entra el personal que está realizando teletrabajo aunque no computará a
los efectos de fijación de los porcentajes de asistencia por la mañana o
por la tarde en los casos en los que haya ambos turnos.
- El permiso de deber inexcusable finalizará el 21 de junio de 2020.
- Trabajadores de especial sensibilidad:
No podrán ser llamados a prestar servicios de forma presencial, en
tanto no se verifique por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
en qué condiciones puede prestar servicio presencial en situación de
seguridad. Siempre que existan medios, prestarán sus servicios mediante
teletrabajo, en el mismo horario habitual. En todo caso de 09:00 a 14:30
horas el funcionario tendrá la obligación de encontrarse a disposición
telefónica.
Como el reloj parado que acierta la hora dos veces
al día, al final las fases sanitarias son las que se han acompasado con
las fases de desescalada en Justicia y no al revés. Este hecho
demuestra una vez más que la desescalada en Justicia no se hace conforme
a criterios sanitarios ni mucho menos. Aun así, Se va a entrar en la
fase 3 sin tener en cuenta que hay varias provincias que no van a entrar
en fase 2 lo que sigue desmintiendo a los cargos del Ministerio cuando
dicen que la desescalada en Justicia se realiza teniendo como prioridad
los criterios sanitarios.
No obstante, para CSIF lo más grave es que se va a entrar en la fase 3 sin que se cumplan las medidas de seguridad y salud establecidas
en el Esquema de Seguridad Laboral que el propio Ministerio ha
establecido. Siguen faltando EPIS (mascarillas) EPC (mamparas). Seguimos
sin saber cuáles son los aforos máximos, cuales son las rutas de
deambulación interior o el uso de elementos comunes. Seguimos sin saber
cuáles son los protocolos de práctica de diligencias fuera de la sede
judicial, celebración de vistas, manejo de expedientes, piezas de
convicción y paquetería entre otros.
Y ya es inaceptable que se vaya a entrar en la
fase 3 sin conocer los datos de incidencia del COVID cuando los test que
se están realizando por el CGPJ y dos CCAA demuestran la existencia de
casos positivos de COVID asintomáticos que, de no detectarse y no
aislarse, pueden ser foco de contagio. Desde el 23 de abril no hay
información sobre este tema.
Los test son una medida preventiva esencial para un retorno seguro a la actividad laboral y CSIF reitera la petición de que se realicen dichos test a todo el personal de Justicia con independencia de su cuerpo o ámbito territorial de destino.
En este sentido, el Ministerio sigue sin
contemplar un protocolo de actuación en casos positivos o posibles y
contactos estrechos y descarga las decisiones sobre el cierre de
instalaciones en los Letrados que no tienen atribuida esa función y se
ven obligados a tener que tomar decisiones que no les corresponden.
Es el Ministerio (el servicio de prevención si lo
hubiera) el que debe señalar el cierre de las sedes, la desinfección,
las medidas de aislamiento, cuarentena, cierre de la sede, desinfección y
seguimiento de la salud del personal activo y de baja o cuarentena
entre otras cuestiones.
En cuanto a los apartados de la orden CSIF realizó las siguientes alegaciones:
Punto primero.- ¿Qué órganos necesitan turno de tarde
en la fase 3?. ¿Los mismos que, ahora, cuando está incorporados el 70%
de los funcionarios? ¿De verdad no hay ninguna sede que pueda mantener
jornada ordinaria con el 70% y no pueda hacerlo con el 100%?. En el
fondo lo que ocurre es que no se han hecho las mediciones que sí están
realizando la mayor parte de las CCAA con competencias.
¿Dónde están las mediciones realizadas por
CIASCOM?. Sin mediciones no se puede acreditar la necesidad de turnos de
tarde ni la garantía de la distancia de 2 metros. CSIF ha solicitado esas mediciones en más de una ocasión sin que haya habido respuesta alguna por parte del Ministerio.
El turno de tarde debe organizarse respecto del
órgano, unidad o servicio y no en relación con el centro de destino.
(esto parece que se ha corregido)
Punto segundo.- ¿Quién es la autoridad competente para determinar las medidas de protección a los funcionarios/as dentro de la población de riesgo?. Para CSIF
debe ser el servicio de prevención quienes deben determinar si pueden o
no incorporarse al trabajo los funcionarios/as dentro de los grupos de
población de riesgo y, en su caso, cómo pueden incorporarse. Y no lo
decimos sólo nosotros, sino que la propia Orden JUS/394/2020 de 8 de
mayo establece que debe ser el servicio de prevención.
En el ámbito del Ministerio seguimos sin
conocer cómo contactar con ese servicio de prevención y cómo canalizar
las peticiones de evaluación de riesgos.
Punto tercero.- Teletrabajo. El Ministerio acepta algunas alegaciones de CSIF pero siguen siendo insuficientes.
CSIF rechaza la regulación parcial del
teletrabajo, los parches dejan fuera aspectos tan importantes como la
responsabilidad y cobertura en caso de accidente en el domicilio
mientras se está trabajando o en el uso de las herramientas informáticas
y telemáticas. El derecho de desconexión digital tampoco se regula.
CSIF exige la convocatoria inmediata de una mesa de negociación para abordar el teletrabajo en Justicia y previo traslado de una propuesta por parte del Ministerio de Justicia. Para CSIF
es una hipocresía hablar de Justicia 2030 y no abordar el teletrabajo
en Justicia más cuando se ha revelado como una forma de trabajo esencial
para salvar parte de las consecuencias del parón impuesto por el
Ministerio a causa de la crisis sanitaria. Si, como han repetido los
altos cargos del Ministerio incluido el Ministro de Justicia, el
teletrabajo ha llegado para quedarse; ¿dónde está la voluntad de
implantarlo de forma seria y reglada o se va a seguir aprovechando el
Ministerio de la buena voluntad de sus funcionarios que ponen a su
disposición sus propios equipos personales para teletrabajar?. ¿Dónde
están los datos reales de teletrabajo que CSIF y el resto de organizaciones sindicales hemos pedido en repetidas ocasiones?.
Desde hace más de dos meses, el Ministerio tiene algunas propuestas de CSIF
sobre teletrabajo así como un informe en el que se plantean las
cuestiones que deben ser sometidas a negociación en el marco del Acuerdo
Marco Europeo de Teletrabajo. CSIF denuncia la
implantación en precario del teletrabajo en la Administración de
Justicia y advierte del riesgo que, pudiera correr el funcionario/a en
el caso de accidente laboral en el domicilio al negarse el MInisterio a
negociar un sistema de trabajo a distancia en condiciones.
Entre otros temas deberían abordarse los
siguientes: cesión por el Ministerio de medios informáticos corporativos
o establecimiento de una compensación por el uso de medios propios,
protocolos de comunicación con el resto de la oficina, régimen de
presencial, desconexión digital, flexibilidad horaria, prevención de
riesgos, delimitación de responsabilidades, garantías de seguridad etc…
De entre las cuestiones aceptadas por el Ministerio destacamos la flexibilización de horario
lo que permite adaptar éste a las diferentes normativas aprobadas en
CCAA. Sólo se establece la localización del trabajador dentro del
horario de audiencia pública de 9.00 a 14.30.
Se establece la posiblidad de control telemático del trabajo realizado
por parte del responsable funcional lo que supone, de facto la
monitorización de un equipo informático que no es propiedad del
Ministerio de Justicia. Sin perjuicio de que se puedan establecer
sistemas de control o evaluación del trabajo el Ministerio de Justicia
tiene la obligación de publicar la forma en la que se va a realizar ese
control y, sobre todo, debe negociar dichos criterios con las
organizaciones sindicales.
En este sentido CSIF advierte que cualquier intento de control que se realice carece de cobertura legal al adolecer de las mínimas garantías para quien va a ser controlado.
Volviendo a la orden, la fijación de porcentajes de personal que puede teletrabajar va en contra del principio de voluntariedad
ya que impide que funcionarios/as que quieren teletrabajar no puedan
hacerlo. Un teletrabajo bien planteado puede permitir que todos los
funcionarios/as que quieran puedan desplegar su actividad en modo a
distancia.
La autorización para el teletrabajo es exclusiva
de la Administración y la intervención del LAJ debe limitarse a la
presentación de un informe no vinculante. La relación laboral se
establece entre el funcionario/a con la Administración no con el LAJ que
no debe asumir funciones que no le corresponden más allá de la
dirección técnico procesal de la oficina. La modalidad presencial o
telemática de la prestación laboral es una cuestión estrictamente de
relación estatutaria con la Administración que afecta al lugar de
trabajo y es la Administración quien debe asumir la decisión de si
concede o no la posiblidad de teletrabajar.
