La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato
más representativo en las administraciones públicas y con presencia
creciente en el sector privado, saldrá a la calle el próximo 28 de
noviembre para exigir al Gobierno que cumpla y garantice de una vez por
todas la subida salarial pactada de un 2% para los más de 2,5 millones
de empleados/as públicos de todo el país, a partir del 1 de enero de
2020.
El pasado mes de octubre, el presidente del
Gobierno envió una carta a los sindicatos en la que condicionaba la
subida a que el Ejecutivo esté “en plenas funciones”. CSIF valora este
gesto, pero advierte de que las empleadas y empleados públicos no van a
tolerar que se retrase ni un día una subida salarial que está firmada y
pautada desde el año pasado.
En este sentido, reclamamos que aunque el Gobierno
esté en funciones, se haga efectiva por la vía del Real Decreto la
subida a los empleados públicos a 1 de enero de 2020, ya que el
Gobierno, aún en funciones, está facultado para dictar dicha norma por
lo que dicha subida queda al arbitrio de su voluntad política. De hecho,
la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados tiene previsto
convalidar mañana cuatro decretos sobre: parámetros retributivos del
sector eléctrico; la organización de la Cumbre contra el Cambio
Climático; medidas sobre administración digital y contratación en el
sector público; y la paga de diciembre de los pensionistas. El Congreso
de los Diputados además estará en plenas funciones a partir del próximo
día 3 de diciembre.
Por eso, desde CSIF no vamos a tolerar que los trabajadores paguemos el pato de
nuevo ni que nuestras condiciones laborales se vean perjudicadas por la
falta de acuerdo para formar un Gobierno estable. El panorama es aún
más preocupante si consideramos que los empleados públicos todavía
arrastramos una pérdida de poder adquisitivo cercano al 20 por ciento
pese a que hemos sostenido sobre nuestros hombros el funcionamiento del
Estado durante la crisis con profesionalidad.
Medidas de presión y deterioro de los servicios públicos
En las últimas semanas, distintos organismos
nacionales e internacionales han rebajado sus previsiones de crecimiento
para España en 2020 y han alertado sobre un deterioro en la creación de
empleo, una situación aún más grave en el actual escenario de
incertidumbre política y sobre el que CSIF quiere dar la voz de alarma.
Con las movilizaciones del próximo jueves -frente a
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de todo el país- y que
continuarán con más medidas de presión si el Gobierno no ejecuta lo
pactado en el II Acuerdo de mejora en el empleo público y de condiciones
laborales para todos los empleados/as públicos.
Queremos también poner el foco en la situación de
deterioro que afrontan los servicios públicos por la parálisis del
Gobierno central y la inercia que se traslada al resto de
administraciones públicas.
- Parón en las convocatorias de empleo público.
Alta temporalidad, precariedad y el deterioro general que están
sufriendo nuestros servicios públicos por la falta de plantillas. Sólo
se han llevado a cabo el 20 por ciento de las convocatorias para las
250.000 plazas acordadas en 2017.
- La Sanidad ha destruido
50.000 empleos en los últimos dos meses coincidiendo con la llegada de
las bajas temperaturas: situaciones de saturación en urgencias
hospitalarias y centros de salud, listas de espera diagnóstica y para
intervenciones. A todo ello se añade el retraso en las ofertas de empleo
público.
- En Educación también hay una
gran inestabilidad laboral e incertidumbre con las titulaciones al
final de etapa y no se están negociando cuestiones esenciales como los
horarios lectivos o las ratios de alumnos por docente.
- En Justicia, la parálisis
del Gobierno ha bloqueado la negociación colectiva y en ámbitos como la
homologación salarial o las guardias, se acumulan los expedientes (como
los derivados de las cláusulas suelo) y se producen retrasos porque se
ha frenado la apertura de nuevos juzgados. Además, está pendiente la
renovación del CGPJ.
- Por último, coincidiendo con la
semana del 25-N, queremos llamar la atención también sobre las políticas
de lucha contra la violencia de género: congelación de recursos, prórrogas presupuestarias y freno a las políticas por el parón del Pacto de Estado.
En el caso de las administraciones locales,
la parálisis está provocando que, por ejemplo, en Madrid decenas de
refugiados duerman en la calle por la inacción, descoordinación y el
choque de competencias entre el Gobierno, Comunidad y Ayuntamiento.
