Ni en 2019, ni en 2020 se han realizado reconocimientos médicos a los
trabajadores de la Administración de Justicia en el ámbito no
transferido y elle pese a las insistentes reclamaciones de CSIF al respecto, la última en noviembre del año pasado.
Además, desde CSIF, hemos tenido conocimiento de que la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia ha desistido unilateralmente de expediente de contratación abierto en el 2019, para la contratación de la vigilancia de la salud; lo cual provocará nuevos retrasos a la hora de programar los reconocimientos médicos a los trabajadores.
Es por ello, por lo que desde CSIF nos hemos dirigido al Ministerio para reclamarle que de manera inmediata proceda a realizar cuantas gestiones sean necesarias para cumplir con la obligación legal de vigilancia de la salud que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con carácter periódico.
Una vez más, se muestra la absoluta falta de previsión y coordinación del Ministerio en materia de Prevención de Riesgos Laborales, que merma los derechos de los trabajadores del ámbito no transferido. No cabe excusarse en la situación de pandemia vivida a lo largo del 2020, puesto que ya desde el 2019 no se programaron nuevos reconocimientos médicos y los que se hicieron en ese ejercicio si correspondían con la programación del 2018. Durante el 2020, únicamente, se ha acudido a un servicio de prevención ajeno para la valoración de los trabajadores con patologías de riesgo en relación con el COVID-19, y actualmente con la decisión respecto a los casos positivos y sus circunstancias.
Tampoco cabe hablar de imposibilidad, puesto que otros colectivos, sin ir más lejos el C.G.P.J. sí que han realizado los reconocimientos médicos a lo largo del mes de junio del año pasado.
Esta reclamación se une a otras efectuadas en los últimos días, a través de las cuales se reclama que ante el avance de la “cepa británica”, se dote de mascarillas FFP2 a todos los funcionarios de la Administración de Justicia, y en particular a aquellos por motivo de las funciones que desempeñan se encuentran más expuestos al contagio por COVID. También hemos insistido al Ministerio en la necesidad de dotar de filtros HEPA a los sistemas de renovación del aire en los edificios judiciales y la importancia de realizar mediciones periódicas de CO2 que garanticen la adecuada calidad del aire de las sedes judiciales.
