CSIF no ha firmado la propuesta del plan de acción social porque
mantiene la dotación presupuestaria que sigue inamovible tras los
recortes del 2011-12.
- CSIF ha denunciado la discriminación que sufre el personal de justicia
frente a otros empleados públicos y ha exigido al Ministerio
explicaciones.
- CSIF reclama la recuperación del presupuesto anterior a los recortes
actualizado a 2023 y ha puesto de relieve la situación actual de
inflación
- Respecto a la convocatoria, el Ministerio tiene previsto publicarla en
breve, la “próxima semana” a ser posible. En cuanto al trámite se
mantiene la petición online sin ninguna novedad respecto al año pasado.
En la reunión de la mesa delegada del ámbito no transferido celebrada ayer, CSIF ha exigido, un año más, que se incremente el presupuesto destinado a la Acción Social que hace doce años que está congelado tras los recortes del 2011-12, pasando de los casi 3.000.000 € a los 719.610 € actuales. Para más agravio, a esta cantidad recortada ni se le han aplicado las subidas salariales, ni el IPC ni la inflación correspondientes.
El Ministerio ni siquiera ha tenido en consideración la situación actual de inflación, con un incremento de precios en los últimos tres años de un 3,1% en 2021, un 8,5% en 2022 y un 6,10% en febrero de 2023, lo que ha llevado a un empobrecimiento de los empleados públicos tras el acuerdo suscrito por CCOO y UGT, y cuyas consecuencias podrían ser paliadas, en parte con un plan de acción social con fondos suficientes para la Administración de Justicia.
Para CSIF un programa serio de acción social no puede ser ajeno a una cuestión tan relacionada como es la subida de los precios de bienes y servicios ya que está orientado a ayudar a los funcionarios/as de Justicia a sobrellevar el gasto que supone el uso de estos servicios o la adquisición de determinados bienes. Asimismo, CSIF ha denunciado la discriminación del personal de justicia frente a los de otras Administraciones Públicas, que establecen partidas presupuestarias para acción social por encima del 1% de su masa salarial, y ha exigido explicaciones al Ministerio de Justicia.
El objetivo para CSIF debe ser recuperar la dotación presupuestaria del año 2011 actualizada al 2023, lo que permitiría, además de incrementar las cuantías de las ayudas existentes, recuperar los programas de ayudas sanitarias, de estudios así como incluir nuevos programas que ayuden a fomentar la conciliación de la vida personal y familiar, que atiendan a las situaciones de violencia de género, que incidan en las nuevas formas de organizarse la familia, la creciente aparición de situaciones de dependencia, o ayudas a la adquisición de equipamientos tecnológicos entre otras. Pudiendo también ampliar la base de beneficiarios incrementando el nivel de rentas o ampliando el concepto de beneficiario a los funcionarios que se encuentren en situación de excedencia por violencia de género, excedencia por cuidado de hijos o familiares o excedencia por violencia terrorista.
De otra parte, CSIF ha solicitado la revisión del límite de rentas que no varía desde hace más de una década; 1.621 solicitudes fueron denegadas por este motivo, más las personas que ni la solicitan por ser conscientes de que lo superan. El Ministerio se ha comprometido a estudiar la propuesta de CSIF, apoyada por el resto de sindicatos, de elevar el límite de rentas proporcionalmente al incremento salarial acumulado, esto es un 16,15%, teniendo en cuenta la subida acordada el pasado noviembre por CSIF y el resto de sindicatos a excepción de CCOO.
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