Según informa el Ministerio, desde hace unos días están depurando los listados provisionales. Asimismo, nos informan que tienen intención de publicar estos listados antes de finalizar este mes de enero.
Por otro lado, a preguntas de CSIF, nos informan que su intención es que, siempre en función de las reclamaciones que se puedan recibir, se puedan publicar los definitivos en el mes de marzo.
Un año más, dada la información facilitada, el Ministerio va a volver a incumplir los plazos de convocatoria del concurso anual (el correspondiente a este año).
CSIF siempre ha abogado por el concurso continuo y permanente que evitaría los problemas de gestión de un macroconcurso como éste y facilitaría la provisión de puestos de trabajo y la movilidad voluntaria durante todo el año.
Pero, mientras llega este nuevo formato de concurso, CSIF ha propuesto al Ministerio analizar los problemas que se le plantean en la gestión del concurso y establecer un calendario que permita en el corto plazo reconducir la situación y empezar a convocar los concursos en el primer trimestre del año tal y como se establece en el reglamento, en vez de, como va a ocurrir este año si nada se interpone, resolverlos en el primer trimestre del año siguiente.
Lo que parece claro es que no se puede incumplir la normativa de forma sistemática en perjuicio de miles de funcionarios de Justicia y de la propia gestión de personal. Es cierta la falta acuciante de efectivos en el área de personal del Ministerio y de algunas CCAA, pero no puede es ninguna excusa.
CSIF reitera que la LOPJ ofrece la posiblidad de crear unidades administrativas que, precisamente, se introdujeron, hace 20 años en el artículo 439 , y siguen sin ponerse en marcha en la mayoría de los sitios. Unas unidades dispuestas en la LOPJ para, precisamente, facilitar y agilizar la gestión de los medios materiales y personales de las oficinas judiciales desde las administraciones prestacionales del servicio público de Justicia. Unas oficinas en las que existirían puestos reservados a personal de Justicia cuyo conocimiento sobre su estatuto jurídico facilitaría, todavía más, esa gestión.
Este calendario debería incluir un compromiso de convocar el concurso de 2024 antes del verano y resolver antes de que finalice el año.
