Para CSIF es escandaloso que en la nota hecha pública por el Ministerio de Justicia
se jacte de que el convenio le sale gratuito al Ministerio, pero luego
deje en manos de los Procuradores la fijación del arancel a pagar por
los ciudadanos.
CSIF denuncia que el mismo Ministerio de Justicia, que niega a sus propios servicios los medios adecuados para su funcionamiento,
pone en manos de particulares las herramientas informáticas públicas
para que las utilicen en su propio beneficio, previo pago de un arancel
por el ciudadano.
Además, para CSIF el convenio puede contener una ilegalidad
por cuanto es muy dudoso que los Procuradores, que son unos
particulares, puedan ejercer funciones de fedatarios públicos,
certificando la autenticidad de la documentación que se presenta junto a
la solicitud tal y como se ha anunciado. Una función que no está
respaldada por la legalidad…. salvo que como ocurre en ocasiones, a
prisa y corriendo, se hagan las “modificaciones oportunas”.
Para CSIF la actitud del Ministerio de Justicia en
materia de Registro Civil sigue siendo tan injustificable como la
gestión del anterior titular, incumpliendo sus compromisos y vaciando de
funciones el Registro Civil hasta su privatización.
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