- El Ministerio impone la ley de Eficiencia Organizativa (LEO) sin negociar jornadas, horarios, centros de destino, ni retribuciones
- CSIF convoca a los empleados/as de todos los juzgados de España a concentrarse los próximos 2 y 16 de diciembre a las 11.00 horas
Centenares
de empleados/as de la Administración de Justicia se han concentrado hoy
frente al Ministerio de Justicia contra la imposición por parte del
Ministerio de la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO) -actualmente en
tramitación parlamentaria- que implicará modificaciones de las condiciones laborales sin negociar con los representantes de los trabajadores. La concentración ha sido convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la administración de Justicia.
Esta concentración es la primera de un calendario de movilizaciones que continuarán hasta que el Ministerio de Justicia se siente a negociar la futura LEO y se
comprometa a solucionar los problemas históricos que arrastra la Justicia española.
En concreto, los empleados y empleadas de todos los juzgados de España
están llamados a concentrarse delante de sus sedes judiciales los
próximos 2 y 16 de diciembre a las 11.00 horas.
El presidente del sector de Justicia de CSIF, Javier Jordán, ha denunciado que, tras el acuerdo salarial firmado con CCOO y UGT que agrava la pérdida de poder
adquisitiva arrastrada desde 2010, el
Ministerio de Justicia pretende poner en marcha la LEO (creación de los
tribunales de instancia, la oficina judicial y las nuevas oficinas de
justicia en los municipios) sin tener en cuenta la posición de los
trabajadores y, por tanto, vulnerando la negociación colectiva.
Esta norma, actualmente en trámite parlamentario y que se aprobará en los próximos meses, supone que los complementos
retributivos, jornada, horarios, la distribución de las plazas, las
funciones y tareas de cada uno de los servicios y de cada puesto, la
provisión y las opciones de elegir diferentes destinos vendrán ya
predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados entre el Ministerio y las comunidades autónomas.
En este sentido, Jordán, ha subrayado que el Gobierno “está más interesado en la lucha partidista y el politiqueo en los órganos fundamentales de la Justicia cuando la prioridad sería dotarla de más y mejores medios para hacerla más ágil y más eficaz para el ciudadano”. “Hay un déficit de 22.000 plazas, desde jueces a personal de auxilio judicial; hay equipos informáticos que no funcionan y desfasados, juzgados que se caen a pedazos y una plantilla totalmente sobrepasada que defiende sus condiciones laborales porque hay riesgo real de que empeoren”, ha denunciado Jordán, que ha lamentado que son los ciudadanos, “una vez más, quienes pagan las consecuencias soportando una justicia lenta y excesivamente burocrática”.
Por último, ha calificado
de “inaceptable” que los funcionarios/as de Justicia “tengan que ser
los paganos del nuevo modelo organizativo que pretende imponer el
Gobierno”, y ha recordado que los trabajadores y trabajadoras de la
administración de Justicia “son quienes velan por un servicio esencial
para el ciudadano”.
