Nueva encomienda de gestión a los Registradores para la tramitación de expedientes de nacionalidad
05 de Junio de 2019
El 4 de junio el BOE publica la quinta encomienda de gestión a los Registradores de la Propiedad para la digitalización y tramitación de los expedientes de nacionalidad por importe de más de un millón y medio de euros. Para CSIF resulta, especialmente revelador, que en la exposición de motivos el Ministerio de Justicia reconozca, casi lamenta, que el incremento de solicitudes de concesión de nacionalidad, debido a una decisión política de regularización de extranjeros llevada a cabo por los sucesivos gobiernos, no ha ido acompañada de los medios y recursos adecuados para dar respuesta a las expectativas de los solicitantes.
No será porque CSIF no lo advirtió. Una vez más la demagogia
política nos deja con decisiones que afectan al funcionamiento de
servicios públicos y que dejan vendidos a los funcionarios a
los que no se les da los instrumentos necesarios (personal y medios
materiales) para atender las consecuencias de esa decisión.
El resultado de esta falta de previsión es
el colapso, la demonización de los servicios públicos, los intentos de
privatización y las “ideas felices” que abogan por echar por la
borda la experiencia y el conocimiento del personal especializado, que
no da abasto con el incremento de la carga de trabajo. El gran
perjudicado es el ciudadano, pero también el empleado público que se ve
en la picota y que, encima, ve perder su reconocimiento laboral en forma
de pérdida de competencias.
En su momento CSIF propuso
y sigue proponiendo como solución aprovechar el capital humano
especializado existente en los Registros civiles, descentralizando la
gestión de los expedientes y facilitando el acceso al registro de los
solicitantes de nacionalidad. El problema de la tramitación de
estos expedientes son los cuellos de botella que se suceden en la
solución de las diferentes fases del trámite y que culminan en la DGRN y
en el Registro civil central.
El Ministerio de Justicia, que primero pensaba en
la privatización del Registro civil y, ahora, no se sabe muy bien en qué
piensa, cuando se está consumiendo la tercera prórroga de la “vacatio
legis” de la Ley 20/2011, despreció el valor del capital humano de sus
propios empleados públicos y decidió firmar sucesivas encomiendas de
gestión a los Registradores de la propiedad en la que se han invertido
cerca de 10 millones de euros en los siete años de funcionamiento.
CSIF sigue apostando por un Registro civil único, informatizado, moderno en su organización desjudicializado y servido por funcionarios de Justicia
Para CSIF es inaceptable que se privatice o
se cambie la gestión de un servicio público al que nunca se le ha dado
la oportunidad de demostrar su verdadero potencial. Es más,
como ya hemos dicho en más de una ocasión, con algunas excepciones muy
concretas y debidas a esa falta de medios, el Registro civil es uno de
los servicios públicos mejor valorados, gracias sin duda la dedicación y
profesionalidad del personal allí destinado. Es un verdadero disparate y un insulto a la profesionalidad y experiencia de miles de empleados públicos
que se justifique su privatización o que se arrebate la competencia a
funcionarios especializados que llevan, en muchos casos, varias decenas
de años trabajando en materias relacionadas con el estado civil de las
personas: nacimientos y defunciones, bodas, tutelas y, también,
adquisición de la nacionalidad.
Los plazos corren y si cualquier gobierno piensa
que el tiempo apaciguará los ánimos del personal de Justicia se está muy
equivocando. El nuevo equipo que se conformen al frente del Ministerio
de Justicia debe dar pasos concretos en la definición del nuevo modelo
de Registro civil sobre la base de la propuesta de CSIF de que se mantenga en la Administración de Justicia.
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