Ante el anuncio del
Ministerio de Justicia de privatizar el Registro Civil, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSI-F) quiere hacer patente que la
deslealtad de Gallardón con los ciudadanos y con los funcionarios de Justicia tendrá
una respuesta contundente por parte de CSI-F.
Una noticia así, con la trascendencia que tiene en las condiciones de trabajo
de los funcionarios de Justicia, debería haberse comunicado a los
representantes de los trabajadores y no obligar a que se enteren por los medios
de comunicación.
MANOS ARRIBA!
Con esta media se demuestra una vez más el desprecio que
siente el Ministro de Justicia por sus funcionarios al privarles de una de las
funciones que tienen atribuidas desde sus orígenes y en la que son los únicos y
verdaderos especialistas.
Es falso, como dice el
Ministro Gallardón,
que los Registradores mercantiles sean expertos en Registro Civil cuando la
realidad es que esta materia les es totalmente ajena a su función principal que
es la de registrar cosas y no personas.
Para CSI-F, esta
medida supone regalar a los Registradores mercantiles cientos de millones de
euros invertidos en la digitalización de inscripciones registrales y en la
implantación del sistema informático INFOREG en los últimos años. Por este
motivo denunciamos la negativa del Ministerio de Justicia a reformar la ley
para poder utilizar al máximo esta herramienta informática como le hemos pedido
en varias ocasiones. Con estos cambios
legales, todo lo que el Ministro anuncia que se podrá hacer con los
Registradores mercantiles se podría haber estado haciendo ya desde los
Registros civiles actuales con funcionarios de Justicia. Miente pues el Sr.
Gallardón cuando pone la alternativa de los Registradores como la única
salida posible al Registro civil.
En este sentido CSI-F
denuncia la pérdida de miles de puestos
de trabajo en la Administración de Justicia porque la garantía ofrecida por
el Subsecretario del Ministerio hace unos días carece de credibilidad y,
además, no afecta al personal destinado en las comunidades autónomas con
competencias en materia de gestión de la Administración de Justicia. Miente pues, el Ministerio cuando dice
garantizar puestos de trabajo porque no ejerce competencias en 12 comunidades
autónomas. Además hacemos patente el doble
lenguaje que se utiliza a la hora de definir a los Registradores mercantiles
que son funcionarios públicos pero que gestionan un negocio privado en
régimen de monopolio legal. Perciben un arancel por la prestación del servicio.
En este sentido CSI-F
duda mucho de la gratuidad futura de las actuaciones ante el Registro civil
gestionado por los Registradores de mercantiles que, además, según se dice
van a asumir el coste de la implantación del Registro civil electrónico. Desde este punto de vista, sólo si se espera
recibir beneficios económicos por la explotación del servicio se puede creer
que los Registradores mercantiles van a realizar esta inversión millonaria so
pena de quebrar en caso contrario. ¿De
dónde van a sacar los Registradores mercantiles el dinero necesario para
implantar la plataforma digital y, luego, sostener el servicio público gratuito?
Miente pues el Ministro cuando dice
garantizar la gratuidad pues, además, ya está en marcha el cobro de aranceles
para los expedientes de nacionalidad tal y como se aprobó el pasado viernes 6
de junio en Consejo de Ministros.
Para CSI-F no
cabe duda que serán los ciudadanos quienes paguen por el servicio. En primer
lugar, porque los expedientes registrales que ahora son gratuitos quedan fuera
del compromiso de gratuidad y, en segundo lugar, porque no nos cabe la menor
duda de que con el tiempo aparecerán los aranceles por inscripción y por
certificación o se inventarán nuevos conceptos sobre los que repercutir el
coste del servicio o disponiendo vías indirectas de financiación a través de subvenciones,
ayudas o convenios.
