El Registro civil
dejará de ser gratuito a pesar de las declaraciones de los dirigentes
ministeriales. Desde la puesta en marcha de la decisión ya se está produciendo
un coste multimillonario para todos los ciudadanos al regalarse la inversión
realizada en los últimos años en el Registro civil.
Así es, la entrega del Registro civil a los Registradores
encierra un coste de cientos de millones de euros para todos los ciudadanos
puesto que se va a regalar a estos funcionarios privilegiados esa inversión
pública que utilizarán sin abonar ni un euro y que consiste en la
digitalización de inscripciones y en el despliegue del sistema informático
INFOREG en toda España que incluyó no sólo el programa informático sino también
una inversión en equipos. Sólo en digitalización se han gastado cerca de 130
millones de euros de los que se van a aprovechar los Registradores mercantiles.
CSIF, sindicato mayoritario de la
Administración de Justicia, denuncia que el Ministro Gallardón miente a los
ciudadanos y los toma por idiotas. Los Registradores, más allá de la forma de
acceso a la profesión, son particulares que gestionan un negocio privado
contratando a su personal, asumiendo los costes y cobrando directamente por sus
servicios mediante aranceles con su correspondiente IVA. Así, nadie puede creerse que los Registradores
mercantiles se vayan a suicidar económicamente si no es porque existe un
compromiso oculto de resarcirles económicamente en el corto o medio plazo.
Es el propio Ministerio el que evalúa el gasto anual del Registro civil en
varias decenas de millones de euros que, se supone van a soportar las “maltrechas
economías” de los Registradores que según el mismo Ministerio han sufrido el
pinchazo de la burbuja en nuestro país. Las
fórmulas que se podrían barajar para financiar a estos “funcionarios” serían
impuestos directos, con aranceles sobre los expedientes registrales de los que
se tramitan millones al año o bien recuperando aranceles por inscripción o
certificación, o bien cobrando aranceles
por nuevos conceptos pero en definitiva con cargo al bolsillo del ciudadano y
en beneficio, del bolsillo de esa minoría de funcionarios privilegiados.
Además, Gallardón anunció que los Notarios podrán realizar
funciones de auxilio registral por lo que es de imaginar cobrarán el
consiguiente arancel. De hecho los expedientes de matrimonio que se tramitan
ante notario se cobran cuando en el Registro civil actual son gratuitos. Sin
duda, el modelo de Gallardón no es el de un Registro civil gratuito sino de
copago y en beneficio de unos particulares.
Por último, para CSIF
el Registro civil público gestionado por
funcionarios de Justicia no tiene por qué ser caro para el ciudadano. Esta
es otra de las mentiras que se propalan desde el Ministerio para justificar su
privatización. El problema del Registro civil como de tantos otros servicios
públicos es la incapacidad de los políticos para gestionar bien los mismos. La
modernización tecnológica y organizativa del Registro civil tiene un coste pero
mucho más coste tiene no abordar este necesario proceso de modernización que es
lo que los responsables políticos han estado soslayando desde hace demasiados
años dejando al Registro civil y a sus funcionarios a la deriva.
Para CSIF la única
opción de futuro para el Registro civil es la continuidad de los funcionarios
de Justicia desde Secretarios hasta auxilio judicial en la gestión del Registro
civil como garantes de un servicio público, gratuito, de calidad y con total
confidencialidad para los datos personales de los inscritos.
