CSIF también ha solicitado que se instalen filtros HEPA, que permitan evitar el riesgo de contagio del COVID por una mala calidad del aire
CSIF ha reclamado por escrito al Ministerio de Justicia y a las CCAA, que cumplan las recomendaciones del Ministerio de Sanidad en materia de mascarillas y que dote a aquellos funcionarios de la Administración de Justicia que puedan estar expuestos a un mayor riesgo de contagio por COVID-19, de mascarillas FFP2. Se trata por ejemplo de funcionarios que realizan diligencias de calle, sin que puedan conocer de antemano las circunstancias que van a encontrar cuando se dirigen a un domicilio privado o deben interpelar a una determinada persona.
Desde CSIF, consideramos que en estos casos las mascarillas quirúrgicas no cumplen con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, en estas circunstancias, puesto que, no evitan el contagio del portador de la misma. En casos como las diligencias de calle o las salas, como ya hemos reclamado en múltiples ocasiones, se trata también de proteger al funcionario de un contagio; y para ello es necesaria la utilización de un EPI.
Para que la mascarilla pueda ser considerada como equipo de protección individual, debería permitir estar en contacto con casos sospechosos o confirmados (y debemos indicar que esto en la función de las personas que realizan los actos de comunicación es imposible de determinar) a menos de 2 metros ofreciendo protección respiratoria suficiente.
Esto según las propias guías del Ministerio de Sanidad sólo lo cumplen las “Mascarillas EPI”, esto es las FFP1, FFP2 y FFP3. Este tipo de mascarillas son Equipos de Protección Individual (EPI) y se recomiendan fundamentalmente para su empleo por profesionales para crear una barrera entre un riesgo potencial y el usuario.
Asimismo, teniendo en cuenta que nos aproximamos hacia el invierno y las bajas temperaturas, y que la necesidad de ventilar los espacios cerrados no puede dejarse únicamente a la apertura de las ventanas de los centros de trabajo, solicitamos también la instalación de filtros HEPA en todos los edificios judiciales para purificar el aire, limpiándolo de partículas nocivas para la salud y evitar así el contagio del virus por aerosoles. Junto a ello, hemos reclamado que se proceda a la medición regular de la calidad del aire en los sedes y edificios judiciales.
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