CSIF,
y el resto de los sindicatos de ámbito nacional, nos hemos dirigido por
escrito a la Ministra de Justicia exigiendo la inmediata apertura de la
Mesa de Negociación del ámbito no transferido para abordar, entre
otros, la subida del complemento específico del personal destinado en el
ámbito de gestión del Ministerio. En dicho escrito las cuatro
organizaciones sindicales hemos exigido que convoque a lo largo de la
primera quincena del mes de febrero la mesa de retribuciones y presente
una propuesta firme y clara, advirtiendo que de no hacerlo entenderemos
que no existe voluntad y nos veremos en la obligación de anunciar
conflicto colectivo, llevando a cabo cuantas movilizaciones entendamos
oportunas, sin descartar la convocatoria de huelga.
Han pasado más de 10 años desde la última
actualización del complemento específico a los Cuerpos Nacionales del
ámbito no transferido. Para ello fue necesario convocar una huelga
indefinida que duró cerca de dos meses, siendo secundada por la mayoría
de las compañeras y compañeros del territorio Ministerio, situando la
media de participación por encima del 80% a lo largo de todo el
conflicto.
Es alarmante que el Ministerio de Justicia haga
oídos sordos a esta justa reivindicación, dando la espalda a más de
10.000 trabajadores que han visto a lo largo de estos últimos diez años
como se han incrementado sus funciones y responsabilidades, sin que las
mismas hayan sido reconocidas retributivamente. Por el contrario la
práctica totalidad de las CCAA transferidas si han hecho ese
reconocimiento a los trabajadores de la Administración de Justicia
destinados en el ámbito de su gestión, que se ha traducido en un
incremento retributivo del complemento específico, situando la brecha
salarial existente entre unos y otros en algunos casos superior a los
600 €.
Para CSIF ha llegado el momento
de que se aborde en la negociación esta justa reivindicación y se ponga
fin a la brecha salarial existente entre los Cuerpos Nacionales
destinados en el ámbito de gestión del Ministerio de Justicia y las CCAA
transferidas. La Ministra de Justicia, que conoce de primera mano este
agravio económico, tiene una gran oportunidad de trasladar a los
legítimos representantes de los trabajadores una propuesta de acuerdo
donde se recoja la mejora de las condiciones laborales y retributivas
del personal no transferido. El Ministerio de Justicia no puede seguir
siendo el peor pagador a sus trabajadores.
