12 de Noviembre de 2019
El
Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las
Comunidades Autónomas coinciden en la necesidad de prorrogar el plan de
urgencia adoptado en 2017.
Desde su puesta en funcionamiento se han presentado 79.984 demandas, 32.837 corresponden al año 2017, 32.193 al 2018 y 14.918 hasta el 31 de octubre del 2019. De la totalidad de las demandas presentadas se han resuelto 16.694 procedimientos
CSIF, como sindicato mayoritario en la Administración de Justicia exigirá al Ministerio que se oiga su voz con carácter previo a cualquier decisión que se pueda adoptar en relación con los Juzgados de Clausulas suelo
.
En la actualidad, GRACIAS AL ESFUERZO de los Funcionarios de Justicia que prestan su servicio en esos órganos, se ha conseguido resolver casi la mitad de las demandas ingresadas. Sin embargo, es muy posible que se puedan producir importantes repuntes de la carga de trabajo de esos Juzgados, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como parece probable falla a favor de los consumidores respecto a la nulidad del IRPH.
Si a ello le sumamos que aún se mantienen casos de saturación preocupantes, para CSIF es necesario que se aborde el problema escuchando a todos los operadores jurídicos, sin que se pueda dar la espalda a los Funcionarios de Justicia.
CSIF va a demandar al Ministerio Y Comunidades Autónomas con competencias que se informe de manera puntual y transparente de la situación en que se encuentran los citados órganos y sobre su mantenimiento como órganos especializados.
Para CSIF, en la actualidad, las plantillas no están suficientemente dotadas. Hay casos en los que 36 funcionarios deben dar servicio hasta a 10 Jueces. Ello supone un ratio de funcionarios excesivamente bajo si tenemos en cuenta el número de asuntos que entran en esos Juzgados.
CSIF considera necesario que en aquellas provincias en que se mantengan los citados Juzgados, se deben reforzar las plantillas. En estos momentos, hay Juzgados que según cifras del propio CGPJ tardan en admitir a trámite hasta 814 días. El Ministerio y las Comunidades Autónomas transferidas, no pueden ser ajenas a esa cuestión, que en ningún caso puede ser achacable a los Funcionarios que prestan sus servicios en los Juzgados de Clausulas suelo. Se debe garantizar un servicio público de calidad.
Además, el Ministerio debe ser consciente de que los procedimientos no finalizan cuando se dicta Sentencia en primera Instancia, muy al contrario, las entidades bancarias en muchas ocasiones están agotando los distintos recursos y esperan al trámite de ejecución de sentencia para dar cumplimiento a los pronunciamientos de los Jueces. Es por ello, por lo que desde CSIF vamos a reclamar, que se establezca un plan de refuerzo o de mantenimiento de los ya existentes en los citados órganos para el caso de que desaparezca la competencia excluyente tanto en cuanto no finalicen las posibles ejecuciones pendientes en materia de cláusulas suelo.
CSIF, primer sindicato de la Administración de Justicia y en las Administraciones Públicas, se pone a disposición de operadores jurídicos y económicos implicados en el asunto para avanzar en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar el “derecho a una justicia ágil” a los ciudadanos, garantizando los derechos de los trabajadores.
Desde su puesta en funcionamiento se han presentado 79.984 demandas, 32.837 corresponden al año 2017, 32.193 al 2018 y 14.918 hasta el 31 de octubre del 2019. De la totalidad de las demandas presentadas se han resuelto 16.694 procedimientos
CSIF, como sindicato mayoritario en la Administración de Justicia exigirá al Ministerio que se oiga su voz con carácter previo a cualquier decisión que se pueda adoptar en relación con los Juzgados de Clausulas suelo
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En la actualidad, GRACIAS AL ESFUERZO de los Funcionarios de Justicia que prestan su servicio en esos órganos, se ha conseguido resolver casi la mitad de las demandas ingresadas. Sin embargo, es muy posible que se puedan producir importantes repuntes de la carga de trabajo de esos Juzgados, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como parece probable falla a favor de los consumidores respecto a la nulidad del IRPH.
Si a ello le sumamos que aún se mantienen casos de saturación preocupantes, para CSIF es necesario que se aborde el problema escuchando a todos los operadores jurídicos, sin que se pueda dar la espalda a los Funcionarios de Justicia.
CSIF va a demandar al Ministerio Y Comunidades Autónomas con competencias que se informe de manera puntual y transparente de la situación en que se encuentran los citados órganos y sobre su mantenimiento como órganos especializados.
Para CSIF, en la actualidad, las plantillas no están suficientemente dotadas. Hay casos en los que 36 funcionarios deben dar servicio hasta a 10 Jueces. Ello supone un ratio de funcionarios excesivamente bajo si tenemos en cuenta el número de asuntos que entran en esos Juzgados.
CSIF considera necesario que en aquellas provincias en que se mantengan los citados Juzgados, se deben reforzar las plantillas. En estos momentos, hay Juzgados que según cifras del propio CGPJ tardan en admitir a trámite hasta 814 días. El Ministerio y las Comunidades Autónomas transferidas, no pueden ser ajenas a esa cuestión, que en ningún caso puede ser achacable a los Funcionarios que prestan sus servicios en los Juzgados de Clausulas suelo. Se debe garantizar un servicio público de calidad.
Además, el Ministerio debe ser consciente de que los procedimientos no finalizan cuando se dicta Sentencia en primera Instancia, muy al contrario, las entidades bancarias en muchas ocasiones están agotando los distintos recursos y esperan al trámite de ejecución de sentencia para dar cumplimiento a los pronunciamientos de los Jueces. Es por ello, por lo que desde CSIF vamos a reclamar, que se establezca un plan de refuerzo o de mantenimiento de los ya existentes en los citados órganos para el caso de que desaparezca la competencia excluyente tanto en cuanto no finalicen las posibles ejecuciones pendientes en materia de cláusulas suelo.
CSIF, primer sindicato de la Administración de Justicia y en las Administraciones Públicas, se pone a disposición de operadores jurídicos y económicos implicados en el asunto para avanzar en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar el “derecho a una justicia ágil” a los ciudadanos, garantizando los derechos de los trabajadores.
Ficheros Adjuntos:
