Lamentablemente, una vez más, la Administración de Justicia está ausente del debate electoral.
07 de Noviembre de 2019
Alguna breve referencia a la manida y manoseada independencia del poder
judicial que no es, ni de lejos, el verdadero problema de la
Administración de Justicia. La Justicia debe ser independiente,
si; pero a la Justicia lo que le hace falta urgentemente son medios
personales, materiales y organizativos; menos imposición y más
participación de todos los trabajadores y diálogo.
Una vez celebradas las elecciones, en el debate parlamentario, asistiremos a la enésima escenificación de la búsqueda y a un supuesto interés por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia que, siendo imprescindible, volverá a fracasar, no solo por ausencia de, como se dice ahora, “altura de miras”, sino sobre todo por intentar orquestarlo a espaldas de los funcionarios de Justicia.
Pero CSIF no se resigna y, una vez más, va a presentar a todos los partidos políticos las demandas de los funcionarios de Justicia. Los que hacen posible con su esfuerzo que el tercer poder del Estado funcione en el día a día, pese a la falta de medios económicos, personales y materiales, la falta de formación para las tareas y la falta de una visión estratégica para la Justicia que cuente con la opinión de su personal.
Estas reivindicaciones no son nuevas. Fueron objeto de la presentación que CSIF hizo en el Congreso de los Diputados hace unos dos años y sobre las que nuevamente volveremos a insistir.
1.- Que se potencie y prestigie el capital humano existente en la Administración de Justicia: La
Justicia del siglo XXI viene exigiendo nuevos perfiles profesionales,
además de una redistribución de las nuevas funciones y tareas asumidas
como valor añadido por y para todos los Cuerpos.
Es imprescindible que el esfuerzo que exige esta transformación venga acompañado de un más que justificado reconocimiento laboral y retributivo, así como de una formación continua adecuada a las necesidades detectadas, y sin olvidar dimensionar las plantillas a fin de garantizar la prestación del servicio de forma óptima, con participación sindical e impulsando para ello los procesos selectivos que sean necesarios, adecuando los conocimientos exigidos en los mismos a las funciones reales que cada cuerpo realiza.
2.- Que se disponga de unas herramientas informáticas adecuadas: El actual panorama informático es absurdo y desolador. Equipos obsoletos, sistemas de gestión diferentes en cada uno de los territorios e incompatibles, con escasa o nula apuesta por su desarrollo según qué comunidades, e incapacidad del Ministerio y de las CCAA para consensuar, una dirección común, un objetivo que alcanzar con el fin de unificar o compatibilizar los sistemas y bases de datos que consigan agilizar nuestra la Administración de Justicia. A esto se une la prácticamente nula formación inicial y continua en el uso de estas herramientas que contrasta con el número de normas que establecen sanciones por una mala utilización de las mismas. Nula participación de los funcionarios de Justicia y sus representantes en el diseño, despliegue y desarrollo de estas herramientas.
3.- Que se mantenga la demarcación judicial actual y próxima al ciudadano, potenciando los Juzgados de Paz. La Justicia ha de ser próxima al ciudadano para que sea reconocible por éste. Un nuevo modelo de Juzgados de Paz, potenciando sus funciones y dotándoles de la capacidad de mediación y de oficina de registro civil puede servir para descargar de trabajo a otros órganos judiciales. Los Tribunales de instancia provinciales, tal y como se han planteado, no son la solución a los problemas de la Administración de Justicia y sí un claro perjuicio para el ciudadano y para el servicio público desempeñado por esta Administración.
4.- Que el Registro civil siga siendo prestado por funcionarios de Justicia. La ley 20/2011 no sirve, entre otras razones, porque prescinde de la experiencia y el conocimiento de quienes llevan defendiendo el Registro civil a pesar de la secular falta de medios y abandono a la que se ha sometido a este servicio público
5.- Que La Nueva Oficina Judicial y Fiscal no sea un fin sino un medio. Es preciso, parar y repensar el esquema de esta oficina. No todos los servicios comunes tienen razón de ser y el RD de las UPAD regula las dotaciones mínimas y no máximas que es como se ha interpretado por unas administraciones tacañas en materia de recursos humanos. Las relaciones de puestos de trabajo deben atender a las necesidades de una Justicia del siglo XXI y favorecer la promoción profesional de los funcionarios de Justicia.
6.- Que se elimine el agravio de la discriminación salarial en el complemento específico en el ámbito del Ministerio de Justicia. Es necesario abordar la adecuación salarial de los Cuerpos de la Administración de Justicia.
7.- Revisar el sistema de guardias tanto en la forma de prestación como en sus retribuciones, recuperar el complemento de violencia sobre la mujer en los ámbitos donde aún no se ha recuperado. Que se implanten unos sistemas de productividad reales, a la que se pueda acceder no por el Cuerpo al que se pertenece sino por cumplir con unos programas establecidos sobre datos objetivos y medibles.
8.- Establecer una real y efectiva carrera profesional, dotando de contenido este concepto retributivo introducido por la reciente modificación de la L.O. 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
9.- Sistemas de provisión de puestos de trabajo transparentes y sobre presupuestos objetivos. (interinos, sustituciones y comisiones de servicio).
10.- Que se apueste por medidas de conciliación de la vida laboral y familiar reales a través de medidas de flexibilidad horaria, teletrabajo, bolsas de horas etc…y medidas que promuevan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
11.- Que se apueste por puestos de trabajo saludables y seguros. Implantando mecanismos de coordinación entre todas las administraciones implicadas en la prevención de riesgos laborales.
12.- Traspasando el ámbito de la Administración de Justicia, es necesario abordar el incremento de las pensiones en el régimen de clases pasivas que permita acceder a pensiones dignas a los funcionarios que se jubilan en este régimen en vía de extinción. CSIF tiene propuestas a este respecto que no descuidan el tema de la sostenibilidad del sistema.
13.- Que se dote a la MUGEJU de los presupuestos suficientes para que pueda desarrollar su importante labor en el ámbito sanitario y de prestaciones sociales tras años de recortes.
14.- Que se dote al Ministerio de Justicia del personal suficiente y que se les incentive para quedarse de tal forma que se puedan gestionar las oposiciones, los concursos, la prevención de riesgos laborales etc.. de forma rápida, eficiente y eficaz.
Todas estas medidas son un ejemplo de lo mucho que queda por hacer en la Administración de Justicia. Una realidad que los políticos en campaña electoral desconocen y marginan.
Para CSIF es imprescindible implicar a los trabajadores de la Justicia en el proceso de cambio y eso pasa por darles participación real en la reforma de la Justicia y por hacer visibles las mejoras laborales y retributivas que ese proceso debe suponer para ellos.
En nuestra web se pueden consultar los programas de los cinco partidos con mayor representación parlamentaria en materia de Justicia y de Administración pública.
Otra forma de consultarlos en este enlaceUna vez celebradas las elecciones, en el debate parlamentario, asistiremos a la enésima escenificación de la búsqueda y a un supuesto interés por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia que, siendo imprescindible, volverá a fracasar, no solo por ausencia de, como se dice ahora, “altura de miras”, sino sobre todo por intentar orquestarlo a espaldas de los funcionarios de Justicia.
Pero CSIF no se resigna y, una vez más, va a presentar a todos los partidos políticos las demandas de los funcionarios de Justicia. Los que hacen posible con su esfuerzo que el tercer poder del Estado funcione en el día a día, pese a la falta de medios económicos, personales y materiales, la falta de formación para las tareas y la falta de una visión estratégica para la Justicia que cuente con la opinión de su personal.
Estas reivindicaciones no son nuevas. Fueron objeto de la presentación que CSIF hizo en el Congreso de los Diputados hace unos dos años y sobre las que nuevamente volveremos a insistir.
CSIF VA A DEMANDAR Y EXIGIR:
Es imprescindible que el esfuerzo que exige esta transformación venga acompañado de un más que justificado reconocimiento laboral y retributivo, así como de una formación continua adecuada a las necesidades detectadas, y sin olvidar dimensionar las plantillas a fin de garantizar la prestación del servicio de forma óptima, con participación sindical e impulsando para ello los procesos selectivos que sean necesarios, adecuando los conocimientos exigidos en los mismos a las funciones reales que cada cuerpo realiza.
2.- Que se disponga de unas herramientas informáticas adecuadas: El actual panorama informático es absurdo y desolador. Equipos obsoletos, sistemas de gestión diferentes en cada uno de los territorios e incompatibles, con escasa o nula apuesta por su desarrollo según qué comunidades, e incapacidad del Ministerio y de las CCAA para consensuar, una dirección común, un objetivo que alcanzar con el fin de unificar o compatibilizar los sistemas y bases de datos que consigan agilizar nuestra la Administración de Justicia. A esto se une la prácticamente nula formación inicial y continua en el uso de estas herramientas que contrasta con el número de normas que establecen sanciones por una mala utilización de las mismas. Nula participación de los funcionarios de Justicia y sus representantes en el diseño, despliegue y desarrollo de estas herramientas.
3.- Que se mantenga la demarcación judicial actual y próxima al ciudadano, potenciando los Juzgados de Paz. La Justicia ha de ser próxima al ciudadano para que sea reconocible por éste. Un nuevo modelo de Juzgados de Paz, potenciando sus funciones y dotándoles de la capacidad de mediación y de oficina de registro civil puede servir para descargar de trabajo a otros órganos judiciales. Los Tribunales de instancia provinciales, tal y como se han planteado, no son la solución a los problemas de la Administración de Justicia y sí un claro perjuicio para el ciudadano y para el servicio público desempeñado por esta Administración.
4.- Que el Registro civil siga siendo prestado por funcionarios de Justicia. La ley 20/2011 no sirve, entre otras razones, porque prescinde de la experiencia y el conocimiento de quienes llevan defendiendo el Registro civil a pesar de la secular falta de medios y abandono a la que se ha sometido a este servicio público
5.- Que La Nueva Oficina Judicial y Fiscal no sea un fin sino un medio. Es preciso, parar y repensar el esquema de esta oficina. No todos los servicios comunes tienen razón de ser y el RD de las UPAD regula las dotaciones mínimas y no máximas que es como se ha interpretado por unas administraciones tacañas en materia de recursos humanos. Las relaciones de puestos de trabajo deben atender a las necesidades de una Justicia del siglo XXI y favorecer la promoción profesional de los funcionarios de Justicia.
6.- Que se elimine el agravio de la discriminación salarial en el complemento específico en el ámbito del Ministerio de Justicia. Es necesario abordar la adecuación salarial de los Cuerpos de la Administración de Justicia.
7.- Revisar el sistema de guardias tanto en la forma de prestación como en sus retribuciones, recuperar el complemento de violencia sobre la mujer en los ámbitos donde aún no se ha recuperado. Que se implanten unos sistemas de productividad reales, a la que se pueda acceder no por el Cuerpo al que se pertenece sino por cumplir con unos programas establecidos sobre datos objetivos y medibles.
8.- Establecer una real y efectiva carrera profesional, dotando de contenido este concepto retributivo introducido por la reciente modificación de la L.O. 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
9.- Sistemas de provisión de puestos de trabajo transparentes y sobre presupuestos objetivos. (interinos, sustituciones y comisiones de servicio).
10.- Que se apueste por medidas de conciliación de la vida laboral y familiar reales a través de medidas de flexibilidad horaria, teletrabajo, bolsas de horas etc…y medidas que promuevan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
11.- Que se apueste por puestos de trabajo saludables y seguros. Implantando mecanismos de coordinación entre todas las administraciones implicadas en la prevención de riesgos laborales.
12.- Traspasando el ámbito de la Administración de Justicia, es necesario abordar el incremento de las pensiones en el régimen de clases pasivas que permita acceder a pensiones dignas a los funcionarios que se jubilan en este régimen en vía de extinción. CSIF tiene propuestas a este respecto que no descuidan el tema de la sostenibilidad del sistema.
13.- Que se dote a la MUGEJU de los presupuestos suficientes para que pueda desarrollar su importante labor en el ámbito sanitario y de prestaciones sociales tras años de recortes.
14.- Que se dote al Ministerio de Justicia del personal suficiente y que se les incentive para quedarse de tal forma que se puedan gestionar las oposiciones, los concursos, la prevención de riesgos laborales etc.. de forma rápida, eficiente y eficaz.
Todas estas medidas son un ejemplo de lo mucho que queda por hacer en la Administración de Justicia. Una realidad que los políticos en campaña electoral desconocen y marginan.
Para CSIF es imprescindible implicar a los trabajadores de la Justicia en el proceso de cambio y eso pasa por darles participación real en la reforma de la Justicia y por hacer visibles las mejoras laborales y retributivas que ese proceso debe suponer para ellos.
En nuestra web se pueden consultar los programas de los cinco partidos con mayor representación parlamentaria en materia de Justicia y de Administración pública.
Lee el documento Lo que la Justicia necesita y demanda según CSIF
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