Para CSIF es lamentable que el Parlamento anteponga, los pactos políticos para la renovación de los miembros del CGPJ, a la protección de los derechos fundamentales en la negociación de las condiciones de laborales de los trabajadores de justicia
Para CSIF,
la modificación de la LOPJ, pendiente de ser aprobada en el Senado, no
respeta el derecho de negociación colectiva que forma parte del
contenido esencial del derecho fundamental de libertad sindical del
artículo 28 de la Carta Magna y por ello, CSIF ha presentado un escrito de queja ante el Defensor del Pueblo
denunciando estos hechos y solicitando que practique cuantas
actuaciones estime convenientes para restituir el derecho fundamental de
libertad sindical y de negociación colectiva, impidiendo las reformas
que afectan a nuestros derechos laborales.
CSIF ha venido
advirtiendo y denunciando ante el Ministerio y los grupos parlamentarios
que es intolerable e inaceptable que se pretenda sortear la legislación
vigente a través de la presentación de una proposición de ley
orgánica (evitando con esta fórmula los informes preceptivos) para
restablecer permisos y licencias, a la que en el último día de plazo,
por encargo del propio Ministerio, se presentaron 53 enmiendas, alguna
de las cuales modifican condiciones de trabajo, sin haber pasado por la
preceptiva mesa de negociación.
Como denunció Ciudadanos en el debate de
aprobación en el Congreso, el “apaño político” entre PP y Podemos, al
que se han sumado PSOE y el Grupo vasco, anteponen el reparto de
las “sillas” en la renovación del Consejo General del Poder Judicial al
derecho fundamental a la negociación colectiva que forma parte del contenido esencial del derecho de libertad sindical del artículo 28 de la Constitución. Una lamentable actuación, impropia de los representantes del pueblo.
Las modificaciones de los artículos 347 bis (personal de refuerzo),
489 (nombramiento de interinos) y 521 (centros de destino) de la LOPJ
que se han colado en el paquete de la negociación junto con reformas en
el CGPJ y más allá, con el reparto de sillas en el nuevo pleno de esta
institución, deben ser objeto de negociación colectiva conforme al
artículo 37 del Estatuto Básico en relación con a los artículos 122 y 37
de la Constitución.
Para CSIF es muy significativo que sus señorías pactaran a última hora el cambio de nombre de la proposición de ley orgánica,
eliminando la parte que hacía referencia a los permisos y licencias. Un
nuevo “apaño” que pone en evidencia la instrumentalización de los
derechos de los trabajadores de la Justicia en favor de intereses
políticos. Además, con esta conducta el Ministerio de Justicia y
los grupos parlamentarios están impidiendo a las organizaciones
sindicales el cumplimiento de su papel constitucional establecido en el artículo 7 de la Constitución y, por otro lado, están incumpliendo
gravemente su obligación de remover obstáculos que impidan a los
ciudadanos y grupos en los que se integren el disfrute de la libertad tal y como se establece en el artículo 9 de la Carta Magna.
Lamentable actuación del Ministerio de Justicia en este asunto
Primero, con el PP al mando, utilizando la
coartada de la devolución de derechos para tramitar todo por una
proposición de ley, luego metiendo 53 enmiendas a esa proposición cuando
se nos había pedido a sindicatos y grupos parlamentarios que no
complicáramos la tramitación con más enmiendas, después mintiendo, pues
Catalá se comprometió a retirar esas enmiendas que afectan a condiciones
de trabajo “si iban a suponer un problema”.
Luego, con el PSOE en el poder, porque el
Ministerio de la Sra. Delgado, quien anunció en la primera reunión que
mantuvo con las organizaciones sindicales, que su ministerio iba a ser
transparente y participativo, ha dejado hacer al portavoz parlamentario
de su grupo, y no se han interesado por la retirada de esas enmiendas
hasta que ya estábamos en el tiempo de descuento, que es cuando aparecen
las caras de sorpresa entre sus altos cargos.
