No solo de jueces y fiscales vive la justicia.
Mientras los políticos se reparten la cúpula judicial y acaban con la independencia, nuestra justicia se va al garete.
Los funcionarios de ‘a pie’ (trámites, procedimientos, forenses, letrados, personal que prepara sentencias, autos, evalúa pruebas, toman declaraciones…) saldrán a la calle para levantar la voz contra el caos y el deterioro judicial.
CSIF, sindicato mayoritario, y el resto de organizaciones, explicarán mañana en rueda de prensa los motivos de la huelga.
Día: jueves, 15 de noviembre.
Hora: 10,00 horas.
Lugar: Avenida de América, 25. 3ª planta.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y primera fuerza sindical en la Administración de Justicia, ha convocado, junto al resto de organizaciones del sector, un paro general de la Justicia el próximo viernes para trasladar a la sociedad el caos que atraviesa esta Administración, como consecuencia del abandono y la política errática que han llevado a cabo los gobiernos de PSOE y PP los últimos años.
Los 50.000 trabajadores y trabajadoras de la Justicia, de los cuerpos generales, gestores, tramitadores de auxilio y cuerpos especiales llevarán a cabo la primera huelga general en esta administración de los últimos 20 años. Coincidiendo con el día de la huelga, CSIF, junto al resto de los sindicatos de la Justicia, llevarán a cabo en Madrid una gran manifestación en la que participarán funcionarios de toda España.
Se trata del personal que garantiza el funcionamiento diario de la justicia (trámites, procedimientos, análisis de pruebas y forenses, preparación de documentación, sentencias y autos, toma de declaraciones…), mientras los políticos se reparten la cúpula judicial y acaban con la independencia de este poder del Estado y no afrontan los problemas estructurales: retrasos, caos informático, falta de medios materiales y personales...
La gota que ha colmado el vaso es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ultima el Senado y que abre la puerta a la movilización forzosa y discrecional del personal, lo que supone una flagrante vulneración del derecho fundamental a la negociación colectiva.
Así, entre otras cosas permitirá a la Administración determinar, sin haber negociado con los trabajadores, su puesto de trabajo en cada momento sin atender a su especialización y de forma arbitraria; además de destruir empleo por los límites que se establece para el nombramiento de personal de refuerzo e interinos.
Por este motivo, CSIF también ha trasladado una queja al Defensor del Pueblo, que también será elevada a instancias de la Unión Europea, si la reforma sigue adelante. Esta misma mañana, CSIF ha presentado más de 30.000 firmas de funcionarios de Justicia de toda España contra esta reforma de la LOPJ.
Madrid, 14 de noviembre de 2018
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