22 de Abril de 2020
El
Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha redactado una
instrucción para la vuelta presencial al trabajo de los cerca de 200.000
empleados y empleadas públicos en la Administración General del Estado
(AGE), que no ofrece garantías sanitarias suficientes ni criterios
precisos de organización ante la desescalada. Esta instrucción va
dirigida a todos los departamentos ministeriales y organismos públicos
de la AGE.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF),
sindicato más representativo en las administraciones públicas, CSIF
exige la realización obligatoria de la prueba diagnóstica PCR para
garantizar que no se producen contagios y preservar así la salud de la
ciudadanía que acude a las oficinas de la AGE y la de los/as empleados
públicos.
CSIF considera que se debe hacer test a todo el
personal, incluido los asintomáticos, a los que han estado trabajando
como servicio esencial y aquellos que han estado en aislamiento por
contagio o sospecha.
Además, en los puestos de atención al público solo
se recomienda disponer de barreras físicas para evitar el contacto; no
se garantiza la dotación de guantes y mascarilla ni para el trabajador
ni para el público; no se garantiza la cita previa.
CSIF considera imprescindible la instalación de
mamparas, la limitación de consultas a las acordadas con cita previa y
la obligación de proporcionar guantes, mascarillas e hidrogel al público
a la entrada de los organismos así como de los EPIs para el personal
que les atiende para evitar el riesgo de contagio en ambos sentidos.
Si con ello no fuese suficiente, en el documento
no se garantiza la implementación de las medidas preventivas, puesto que
será cada uno de los departamentos y sus organismos dependientes,
dentro de su ámbito organizativo, los que deben adoptar o actualizar sus
medidas y actuaciones preventivas. CSIF exigía evitar la
discrecionalidad en la implementación de las medidas mínimas exigibles
para garantizar la protección de la seguridad garantizando estas en el
documento.
En definitiva, CSIF considera que la instrucción:
• No reúne las condiciones imprescindibles
de seguridad para abordar con garantías la reincorporación del conjunto
de los/as empleados púbicos.
• No garantiza el derecho de los
trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en
el trabajo, conforme establece el Art. 14 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
• No garantiza la seguridad a los ciudadanos en sus relaciones presenciales con la Administración.
Las administraciones públicas deben ser un ejemplo
y garantizar por todos los medios la seguridad de la ciudadanía y de
sus plantillas. CSIF, como agente activo de la sociedad civil y
organización más representativa en nuestras administraciones, seguirá
trabajando y ofrece su mano tendida al Ministerio para que la
reincorporación presencial del conjunto de empleados púbicos se haga con
las máximas garantías.
Ficheros Adjuntos:
