CSIF reprueba la actuación del Consejo General del Poder Judicial en esta crisis sanitaria.
02 de Abril de 2020

El
Ministerio admite disfunciones en la aplicación de la adaptación de
dotaciones presenciales tras la última resolución del Ministro, pero
asegura que se están intentando corregir tanto con el CGPJ como con las
CCAA y Secretarios de Gobierno.

CSIF ha vuelto a denunciar las injerencias del CGPJ en materias de prevención de riesgos
incluidas las dotaciones de plantillas presenciales que, en este
momento, son una medida de prevención más y cuya reducción está
íntimamente ligada con la protección de la salud pública que es el
objetivo del estado de alarma. En esta injerencia está el origen de
muchos de los problemas a la hora de determinar cuántos efectivos debe
haber por sede. El CGPJ ni tiene competencias en materia de mediso
pesonales ni la tiene en materia de prevención de riesgos laborales. En
consecuencia, los acuerdos alcanzados en los Comités de seguimiento
COVID19 carecen de validez.
Es inaceptable, el exceso de dotación no para
atender servicios esenciales sino para “sacar trabajo” y los excesos en
materia de dotaciones presenciales en Murcia, Cantabria, Galicia, País
Vasco etc…Con especial mención a la situación de Madrid; Audiencia
Nacional y Fiscalía General y de la Comunidad de Madrid donde el virus,
desgraciadamente, está “pegando” más fuerte y donde se mantienen las
dotaciones anteriores a la última resolución.
En relación con el protocolo de coordinación COVID 19 del que os dimos cuenta ayer, CSIF ha reiterado que, siendo un documento correcto, le faltan algunas cosas para ser eficaz y hemos vuelto a reiterar las alegaciones que hicimos ayer al respecto. CSIF va a hacer un seguimiento especial
de todas estas carencias y los delegados de prevención van a recopilar
toda la información disponible en relación con los casos de COVID19.
- Falta información clara sobre qué hacer ante un positivo, un posible positivo o probable positivo y falta un sistema directo, concreto y periódico para trasladar la información.
- Falta que los diferentes niveles de la Administración tengan capacidad decisoria sobre las medidas a adoptar (cierres de juzgados, desinfecciones, aislamientos, control de personal tras los aislamientos para evitar nuevos contagios etc…). La autoridad sanitaria a la que el protocolo se remite para las decisiones está saturada.
- Falta información en relación con las medidas de protección y su distribución por todas las sedes de la Administración de Justicia.
- Falta también un plan de realización de pruebas de detección, que no sólo afecta a Justicia y por este motivo, CSIF ha solicitado que, al menos, todo el personal que deba prestar servicios esenciales tendría que hacerse el test pues es la única forma de prestar esos servicios con seguridad propia y evitando contagios a los demás.
En relación con el permiso retribuido recuperable,
el Ministerio ha dejado claro que Función pública, por ahora, no lo
contempla para los empleados/as públicos. Así, de momento, no hay que
recuperar ninguna hora que por otro lado, se está realizando en
disponibilidad o presencialmente. Para terminar y, a requerimiento de CSIF, el Ministerio aclara que el anuncio del otro día en el BOE sobre unos planes de actuación
para cuando toda la crisis termine, es sólo un anuncio y que, en
cualquier caso, se negociará con las organizaciones sindicales.
Sí que ha afirmado que habrá que pensar en el
proceso de desconfinamiento, ya que en ningún caso parece que vaya a ser
de golpe y también en ese momento de la post-crisis donde habrá trabajo
pendiente en los Juzgados sin realizar y una posible avalancha de
asuntos nuevos derivados de la situación que estamos padeciendo.
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