CSIF interpuso queja ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses
20 de Marzo de 2019
En
la reunión celebrada el 20 de febrero con las asociaciones de jueces y
fiscales, la Ministra acordó el reparto de 8,2 millones de euros para
incrementar las retribuciones de estos colectivos. Una
cantidad que debería ser destinada a todos los empleados públicos de la
Administración de Justicia, tanto los 7 millones de euros conseguidos
por el anterior Ministro, como los fondos adicionales fruto del acuerdo
de 9 de marzo de 2018 que firmó CSIF con función pública. La Ministra, ni ningún sindicato (ccoo, ugt y uso) de
los firmantes del acuerdo con función pública sobre el reparto de
fondos en Justicia, debe olvidar que los fondos adicionales vinculados a
la masa salarial de jueces y fiscales están sujetos al ámbito de la
negociación, donde debe negociarse a que y quién se destinan.
Por ello, CSIF interpuso queja ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses,
al entender que esta decisión que sólo beneficia a unos pocos y
concretamente al colectivo que pertenece la Ministra, se enmarcar en un
supuesto conflicto de intereses y un quebranto de las prácticas del buen
gobierno.
El Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno ha comunicado a CSIF
que se admite a trámite la queja y que con fecha 12 de marzo ha
comenzado el cómputo de plazo legalmente establecido para contestar.
Para CSIF es intolerable que, mientras la Ministra se
ha negado sistemáticamente a mejorar las retribuciones de los
funcionarios de Justicia con la excusa de que no había dinero, ha estaba
negociando “con los suyos” el reparto del dinero de todos al margen de
la legalidad y con falta absoluta de transparencia.
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