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El sindicato exige que se amplíen los criterios para la realización de
pruebas diagnósticas en los procedimientos frente al COVID 19
05 de Mayo de 2020
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF),
sindicato más representativo en las administraciones públicas ha
exigido al Ministerio de Sanidad –como máxima autoridad competente en
esta crisis- que se amplíe el criterio para hacer las pruebas PCR y test
rápidos para hacer un diagnóstico completo a todos los empleados
públicos que se incorporen físicamente a sus puestos de trabajo en las
distintas fases y se incluya en los procedimientos establecidos para el
COVID-19.
CSIF exige que se realicen los test a todas las
empleadas y empleados públicos que se incorporen en cada una de las
fases de desescalamiento, priorizando dichas pruebas a los que se
incorporen tras una incapacidad temporal por contagio, hayan tenido
sintomatología reciente relacionada con la COVID-19 y aquellas que hayan
estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta enfermedad,
además de las empleadas y empleados públicos pertenecientes a los
colectivos definidos como grupos vulnerables para la COVID-19.
Ayer el Consejo Interterritorial del SNS ha
consensuado una nueva estrategia de diagnóstico precoz, vigilancia y
control, que se inscribe dentro del Plan para la Transición hacia una
Nueva Normalidad, y se realizará a través de la Atención Primaria. El
objetivo consiste en dar respuesta a la capacidad de detección precoz,
el aislamiento de nuevos casos sospechosos y confirmados, así como la
vigilancia y diagnóstico de los contactos estrechos, que constituyen el
eje central para poder acometer la fase de transición con las máximas
garantías.
Tras la firma del acuerdo suscrito por CSIF en la Administración General del Estado sobre medidas organizativas para acometer con seguridad el proceso de desescalamiento, CSIF
considera que es el momento de incluir al conjunto de profesionales que
se incorporan a los centros de trabajo en este nuevo plan para ampliar
la capacidad de detección precoz, garantizando así la seguridad y salud
de las empleadas y empleados públicos y del conjunto de la ciudadanía.
