Según ha podido saber CSIF, en
la reunión de hoy del Ministerio de Justicia con las Comunidades
Autónomas se ha acordado mantener, la semana que viene, la fase 1 de la
desescalada en la Administración de Justicia. Por tanto, la Fase 2 no se
activará hasta el 26 de mayo, "siempre en función de los
cambios de escenario en la lucha contra el coronavirus que establezca el
Gobierno y las recomendaciones de las autoridades sanitarias".
En su nota el
Ministerio de Justicia señala que "la mayoría de las administraciones
que tienen atribuida la gestión tanto de los medios como del personal en
los juzgados, tribunales, fiscalías y el resto de servicios (el
Ministerio de Justicia y las comunidades con competencias transferidas)
han expuesto la necesidad de continuar en la fase actual, iniciada el
pasado martes, ante la necesidad de evaluar de manera sosegada
las medidas de seguridad colectivas y personales precisas para evitar
los contagios en cada sede."
Desde CSIF valoramos
positivamente esta decisión que viene a corregir la precipitación en la
puesta en marcha de la Fase 1 en toda España que hemos venido
criticando por dos motivos fundamentalmente:
- Las fases de desescalada en Justicia no pueden desarrollarse al margen de la evolución de las fases de desescalada general.
- El Ministerio y
algunas CCAA no estaban preparadas para prestar la protección efectiva
de la salud de todos los funcionarios/as que se debían incorporar.
- Por un lado, dos días después de entrar en funcionamiento la Fase 1, el Ministerio sigue remitiendo instrucciones de desarrollo del Anexo I de la Orden JUS/394/2020 de 8 de mayo en materia de protección de la salud.
- Por otro lado, las medidas de seguridad laboral no garantizan la protección efectiva pues son un elenco de recomendaciones genéricas, sin respaldo de estudios de evaluación de riesgos y sin carácter vinculante.
- en tercer lugar, la cantidad de equipos de protección (incluyendo las mascarillas) sigue siendo escasa no llega ni a todos los funcionarios/as ni tampoco a todos los centros de destino.
Como venimos diciendo en nuestros comunicados, CSIF comparte la necesidad de poner en marcha la Administración de Justicia y la actividad econóimca y social de nuestro país.
Los funcionarios/as
de los Cuerpos de Letrados, Cuerpos generales y Cuerpos especiales
quieren retomar su actividad normal cuanto antes, pero una
Administración responsable debe ofrecer protección efectiva de su salud
laboral de conformidad con la normativa vigente en materia de prevención
de riesgos y, en este caso, con mayor motivo puesto que la salud
laboral está estrechamente ligada a la salud pública amenazada por el
SARS CoV- 2.
La mejora de
la protección a la salud del personal de la Administración de Justicia
ha sido, y es, el único interés de CSIF durante el estado de alarma por
emergencia sanitaria en el que estamos inmersos desde hace 60 días. Seguimos
expresando nuestro ofrecimiento y voluntad de participar y aportar en
el análisis de la situación, establecimiento de esas medidas y en su
aplicación de forma conjunta con el Ministerio y las CCAA, pero siempre
desde la lealtad y el respeto al principio de buena fe en la negociación
establecido en el artículo 34.7 del TREBEP.
En este sentido, CSIF vuelve
a pedir al Ministro que, al igual que dice va a hacer con las CCAA,
comparta con las organizaciones sindicales ese plan de agilización de la
Justicia que está preparando, en especial, las medidas organizativas y
todas aquéllas que afecten directa o indirectamente a condiciones de
trabajo y que lo haga por escrito para favorecer la presentación de
alegaciones, no imponiendo acuerdos o firma de "cheques en blanco", en
definitiva, marcando la diferencia respecto de lo que ha sido la
comunicación con los sindicatos hasta la fecha.
Ficheros Adjuntos:
