Al Ministro de Justicia CSIF le recuerda que en la propia exposición de motivos de la Orden JUS/394/2020
publicada el pasado sábado, se dice que la fases del plan de
desescalada “se activarán en función de las indicaciones de la autoridad
sanitaria” y le pide que informe sobre los criterios sanitarios que
permiten avalar su decisión de fijar la entrada en la fase 1 en Justicia
para provincias y Comunidades autónomas que permanecen en fase 0 por
decisión de la propia autoridad sanitaria.Al Ministro de Sanidad, CSIF directamente, le solicita que, en su calidad de autoridad competente, dé instrucciones al Ministerio de Justicia para que revise su decisión de desescalar, al menos,en las provincias y CCAA que no han entrado en fase 1 conforme a los criterios sanitarios.
CSIF exige al Ministerio y a las CCAA que faciliten los informes de los servicios de prevención sobre la adecuación de las sedes judiciales a las medidas de seguridad para protección efectiva de la salud.
Una cosa es que no compartamos su contenido y, por este motivo, no firmáramos el acuerdo que proponía el Ministerio, y otra muy distinta que no exijamos que el Ministerio y a las CCAA cumplan con los compromisos adquiridos en materia de medidas de seguridad publicadas en el BOE.
Conforme a la ley de prevención y a la propio “Esquema de seguridad laboral” aprobado por el Ministerio de Justicia son los servicios de prevención los que deben evaluar los riesgos y comprobar que se cumplen, al menos, con los requisitos y medidas de seguridad establecidos en el citado esquema. Asimismo, debe existir esa evaluación de riesgos para detectar riesgos o niveles de riesgo específicos en determinadas actividades como (diligencias de calle, salas de vistas, autopsias, manejo de muestras biológicas, archivos con mala ventilación o personas en grupos de riesgo cuando les toque reincorporarse etc…). Para CSIF esta evaluación debería realizarse con carácter previo al inicio de la Fase 1 de desescalada pues, en caso contrario, carecería de sentido y se estaría exponiendo al personal de Justicia en riesgo.
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