La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF),
sindicato más representativo en las administraciones públicas, rechaza
las medidas que ultima el Ministerio de Justicia para evitar el colapso
de los tribunales tras el coronavirus porque son ineficientes y no van
unidas a un plan negociado con las plantillas para su reincorporación
presencial.
Desde CSIF, sindicato mayoritario en Justicia,
recordamos al Ministerio y a las CCAA que la aplicación de las medidas
del Real Decreto-ley que está ultimando debe ser negociada con las
organizaciones sindicales. El pasado jueves, el ministro Juan Carlos Campo, en una reunión telemática, solo se limitó a exigirnos nuestra adhesión inquebrantable a su plan, pese a que ni
siquiera nos lo facilitó por escrito.
Estas medidas organizativas, tecnológicas y el
plan de agilización que plantea Justicia deben ir en consonancia con un
plan de desescalada que permita planificar la vuelta al trabajo segura
y, en especial, la incorporación del personal sujeto a permisos de deber
inexcusable (por cuidado de
hijos y dependientes) o por estar dentro de
los grupos de población más vulnerables al coronavirus. Hemos
presentado al Ministerio hoy un escrito con observaciones y propuestas alternativas a este plan.
Antes de poner en marcha estas medidas, el
Ministerio debe cumplir con la obligación establecida en el art. 14 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, protegiendo la salud de todo
el personal que se reincorpore.
No se puede plantear la vuelta a la actividad sin
garantizar la salud laboral y, en una crisis de salud pública, con más
razón. Para ello, el Ministerio está obligado a presentar a los
sindicatos un plan de reincorporación de personal que incluya, entre
otras, las siguientes medidas:
- Realización de test fiables a todo el personal de Justicia que se incorpore a su puesto de trabajo.
- Suministro estable y suficiente de medios
de protección (en especial mascarillas) a todo el personal que se
reincorpore.
- Instalación de mamparas en los puestos de trabajo, con especial atención a los de atención al público.
- Restricción absoluta de acceso a los edificios judiciales y control de permanencia en las sedes judiciales.
- Información actualizada puntual y, como mínimo, semanal, de la incidencia del virus en la Administración de Justicia.
- Activar los comités de seguridad y salud
que han sido marginados en la toma de decisiones sobre salud laboral en
toda la crisis por el coronavirus.